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Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2016

Summary in Spanish

Seguimiento y Evaluación de las Políticas Agrícolas en 2016

Resumen en español

Este informe comprende los países de la OCDE y un conjunto de economías emergentes que representan la mayor parte del valor agregado de la agricultura mundial. Estos 50 países difieren en cuanto a la importancia de la agricultura en sus economías, la estructura y orientación del sector y la dotación de recursos naturales de que depende la producción agrícola. Estos países enfrentan, en distintos grados, las mismas oportunidades y desafíos: responder a la creciente demanda de usos alimentarios y no alimentarios de los productos agrícolas; utilizar en forma más sostenible los recursos disponibles de la tierra, el agua y la biodiversidad; adaptarse a los efectos del cambio climático y mitigarlos y enfrentar las a menudo imprevisibles “sacudidas” de la oferta, la demanda y la política pública respectiva.

Estos países también comparten varias metas para el sector: ofrecer a los consumidores un acceso confiable a alimentos inocuos, saludables y nutritivos; permitir que los productores mejoren su nivel de vida al operar en un sistema de comercio mundial abierto y transparente; contribuir al uso sostenible de los recursos, al suministro de bienes públicos y soluciones para el cambio climático; contribuir al bienestar de las comunidades rurales, lo que incluye prestar un conjunto de servicios ecosistémicos; aumentar la capacidad de recuperación de los hogares agrícolas ante los riesgos y, en general, contribuir a un crecimiento incluyente generalizado y a un desarrollo sostenible. Los países conceden diferente importancia a estos objetivos y los enfocan de distinta manera, lo que se refleja en diversas combinaciones de políticas.

En conjunto, los países incluidos en este informe proporcionaron un promedio anual de USD 585 mil millones (EUR 469 mil millones) de apoyo a sus productores agrícolas directamente en el periodo 2013‑2015, y USD 87 mil millones adicionales (EUR 69 mil millones) a los servicios generales que apoyan al sector. Sin embargo, la forma en que los países apoyan a los agricultores es discutiblemente tan importante como el nivel total de ese apoyo. En promedio para los 50 países estudiados, el 68% del apoyo a los agricultores se proporcionó en la forma de apoyo a los precios de mercado, pagos basados en producción o el uso de insumos sin limitaciones; estas medidas distorsionan las decisiones de producción y pueden distorsionar los mercados y el comercio en forma considerable. Relativamente poco del apoyo proporcionado aborda en forma directa las oportunidades y desafíos que enfrenta el sector.

Para los países de la OCDE en conjunto, el apoyo se redujo aproximadamente a la mitad de su intensidad en los últimos 30 años y ahora asciende a 17% del ingreso agrícola bruto. Al mismo tiempo, los niveles de apoyo promedio en las economías emergentes se incrementaron desde niveles muy bajos o incluso negativos hasta aproximarse al nivel promedio de los países de la OCDE. Pero esos promedios encubren niveles muy divergentes de apoyo entre los países de la OCDE incluidos en este informe: Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Israel, Kazakstán, México, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Ucrania, Estados Unidos y Vietnam tienen niveles de apoyo inferiores –en algunos casos bastante menores— al promedio de la OCDE; los niveles de apoyo en la Unión Europea (en conjunto), la Federación Rusa y Turquía rondan ese promedio mientras el de China es sólo ligeramente mayor; los niveles de apoyo en Indonesia son mucho más altos, pero siguen todavía muy por debajo de los niveles más altos de apoyo proporcionados por Islandia, Japón, Corea, Noruega y Suiza.

Recomendaciones

En la Reunión de la OCDE de Ministros de Agricultura, celebrada el 7 y 8 de abril de 2016, la Unión Europea más 46 país acordaron una Declaración sobre Mejores Políticas para Lograr un Sistema Alimentario Mundial Productivo, Sostenible y Resiliente. Los ministros acordaron que las políticas deben:

Ser coherentes con las medidas en toda la economía, incluso con respecto al crecimiento, el desarrollo, el comercio, la inversión, el empleo, el bienestar y el medio ambiente.

Ser transparentes (con objetivos explícitos y beneficiarios previstos), focalizadas (hacia resultados específicos), diseñadas a la medida (proporcionales a los resultados deseados), flexibles (que reflejen diversas situaciones y prioridades a lo largo del tiempo y el espacio), compatibles (con las normas y obligaciones multilaterales) y equitativas (dentro y entre los países), al tiempo que garantizan la relación calidad/precio para los escasos recursos gubernamentales.

Apoyar un sistema de comercio multilateral que funcione mejor permitirá una mayor integración del sector, para que los proveedores competitivos sean capaces de conseguir oportunidades de mercado en forma equitativa, transparente, comercial y no discriminatoria.

Hacer de la innovación una prioridad para lograr el crecimiento sostenible de la productividad.

Promover sistemas de producción que utilicen en forma sostenible los recursos disponibles del agua, la tierra, los bosques, la energía, el suelo y la biodiversidad; y que promuevan la salud animal, vegetal y humana.

Promover que los agricultores tengan mayor capacidad de recuperación a los riesgos, habilitándolos para que enfrenten las situaciones más frecuentes e impredecibles como las perturbaciones meteorológicas, los brotes de enfermedades y la volatilidad del mercado.

Ha habido avances paulatinos, aunque desiguales, para reducir los niveles de apoyo totales y trasladar más de este a políticas menos distorsionadoras. A pesar de eso, este informe concluye que es necesario reorientar más las políticas alimentarias y agrícolas actuales en muchos países. En general:

Los países deben cambiar la prioridad de sus políticas agrícolas para abocarse a las nuevas oportunidades y desafíos que enfrenta el sector: mejorar el crecimiento de la productividad, el uso sostenible de los recursos naturales y la capacidad de recuperación de los hogares agrícolas. En especial, las inversiones en la gente (educación, habilidades y en algunos casos servicios de salud), la estructura física estratégica, los sistemas de innovación agrícola que respondan a las necesidades de los productores y consumidores son necesarias.

Los países deben esclarecer y racionalizar sus políticas de gestión de riesgos. Los límites entre los riesgos normales del negocio, los riesgos que pueden controlarse con herramientas basadas en el mercado y los riesgos catastróficos deben definirse en forma transparente y operativa.

Para mejorar la eficiencia de los pagos directos, los países deben definir sus objetivos de política específicos, como mejorar la ecoeficiencia, apoyar los ingresos agrícolas o aumentar el bienestar de las comunidades rurales, identificar a los beneficiarios previstos de ese apoyo y focalizar las medidas de política como corresponda.

El apoyo a los precios del mercado debe eliminarse paulatinamente. Si no está bien dirigido y no llega a los beneficiarios previstos, impone costos importantes sobre la industria alimentaria y los consumidores, con consecuencias especialmente perjudiciales en los países de bajos ingresos.

Los pagos basados en la producción también deben eliminarse poco a poco o dirigirse a objetivos específicos y a los beneficiarios previstos. Los subsidios a los insumos sin limitaciones deben eliminarse gradualmente; un porcentaje importante de esos desembolsos se pierden fuera del sector agrícola, y puede haber efectos ambientales negativos si el apoyo da lugar a un uso excesivo de los insumos.

Resumen de
OECD (2016), Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2016, OECD Publishing.
http://dx/doi.org/10.1787/agr_pol-2016-en

© OECD

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