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La integridad pública es el elemento aglutinante que mantiene unidas a las sociedades. Es la alineación consistente con, y el cumplimiento de, los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados, en el sector público. No respetar estos valores y normas socava el desarrollo incluyente y sostenible, y puede poner en riesgo a nuestras democracias. Como factor clave que impulsa la confianza en el gobierno, la integridad pública es decisiva para asegurar la credibilidad y, por lo tanto, el apoyo y el éxito de sus políticas.
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De forma similar a otros países de la región y del mundo, los ciudadanos del Ecuador consideran a la corrupción como uno de los desafíos más fundamentales del país, y su confianza en el gobierno ha disminuido a casi la mitad entre 2009 y 2018 según los resultados de las encuestas de Latinobarómetro. Promover la integridad en el sector público es una condición necesaria para reaccionar ante la corrupción y revertir esta disminución de la confianza. Sin embargo, en este momento, las responsabilidades institucionales para promover la integridad en Ecuador están fragmentadas y no están asignadas de forma clara. Además, no existen mecanismos para cooperar y definir metas y acciones comunes entre las instituciones, lo que genera una falta de estrategia y visión completa para abordar eficazmente la corrupción. En lugar de incluir en forma prioritaria un enfoque preventivo en todo el sector público, las políticas existentes se centran principalmente en sancionar la corrupción y no solucionan los problemas sistémicos subyacentes.
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Este capítulo es una introducción al informe. Destaca la creciente percepción y repercusiones de la corrupción entre los ciudadanos de Ecuador, así como su impacto en el grado de confianza hacia el gobierno. El capítulo también expone las funciones de la OCDE y cómo esta puede apoyar a Ecuador a desarrollar una respuesta viable a la corrupción mediante sus estándares en materia de integridad y su amplia experiencia regional.
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Este capítulo describe las responsabilidades de las principales instancias nacionales con funciones relacionadas con la integridad en Ecuador, que se asignan a diferentes funciones del Estado. Ilustra los mecanismos de cooperación instituidos entre ellos y cómo la creación de un Sistema Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción podría abordar sus límites y propiciar el diálogo nacional y la cooperación entre las funciones del Estado y los niveles de la administración en materia de integridad pública. El capítulo también analiza los objetivos de integridad, formulados en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y en el Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción 2019-2023, pero que no han generado el efecto esperado. Por lo tanto, considera cómo desarrollar, de manera participativa y gradual, un enfoque estratégico que sea dirigido por el Sistema Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y que genere una visión de integridad de largo plazo para Ecuador.
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Este capítulo analiza los arreglos institucionales para la integridad en la Función Ejecutiva de Ecuador, destacando los desafíos para definir el liderazgo y reconociendo el papel de las instancias clave para forjar una cultura de integridad. Destaca que en lugar de crear una nueva Secretaría ad hoc, Ecuador podría aprovechar el papel coordinador de la Secretaría General de la Presidencia de la República y las competencias actuales del Ministerio del Trabajo relacionadas con la integridad. El capítulo también describe la composición y funciones de los Comités de Ética y los Comités Antisoborno dentro de las entidades públicas y proporciona una perspectiva general de las políticas de integridad. Detecta que tanto los Comités como las políticas no adoptan un enfoque preventivo y que las unidades de cambio y cultura organizacional podrían desempeñar un papel más importante en la promoción e inclusión prioritaria de una cultura de integridad pública a nivel de las entidades.
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Este capítulo ofrece un resumen de las acciones propuestas en el informe, dividido en dos partes. El primer cuadro incluye las recomendaciones para sentar las bases de un sistema de integridad pública a nivel nacional a través de una mayor cooperación y visión estratégica. El segundo cuadro presenta las recomendaciones relacionadas con los arreglos institucionales para la integridad dentro de la Función Ejecutiva y sus entidades, donde la labor de instancias preventivas podría reconocerse y fortalecerse. Para cada recomendación, los cuadros indican con claridad a las instancias responsables y, cuando es pertinente, el plazo de ejecución previsto.
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