Este estudio fue preparado para el Comité por Alberto González Pandiella y Enes Sunel bajo la supervisión de Patrick Lenain. La asistencia en la investigación estadística fue proporcionada por Roland Tusz y la coordinación editorial por Carolina González. El estudio también se benefició de las contribuciones de Gloriana Lang Clachar y Marnix Dek. El estudio se discutió en una reunión del Comité de Revisión Económica y de Desarrollo (EDRC) el 19 de marzo de 2020 y se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE.

Atender el brote de coronavirus es la prioridad general a corto plazo. Las medidas de confinamiento oportunas y las acciones económicas bien dirigidas están ayudando a contener la pandemia y apoyar a los más afectados. Mirando hacia el futuro, impulsar la capacidad para realizar pruebas y actividades de rastreo y continuar preparándose para los aumentos en la demanda de atención médica son prioridades importantes.

El progreso de Costa Rica ha sido notable. El compromiso con la apertura comercial ha sido clave para atraer inversión directa y progresar en la cadena de valor. El esfuerzo para dar servicios de salud y pensiones prácticamente universales se ha traducido en indicadores de bienestar comparables con la OCDE en varias dimensiones. Costa Rica también tiene un firme compromiso con la conservación de los recursos naturales. Los desafíos para mantener estos éxitos y continuar progresando son importantes. La situación fiscal continúa siendo una vulnerabilidad crítica. El impulso de la reforma ha sido extraordinario, al completarse un gran número de iniciativas legales relacionadas con la adhesión a la OCDE. Estas reformas también facilitarían la recuperación. A corto plazo, atender el brote de coronavirus es la prioridad principal. Una vez la recuperación esté establecida, la implementación plena de la reforma fiscal es crítica para restaurar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo. Fortalecer el crecimiento requiere aumentar la productividad mediante mejoras en las regulaciones y mantener los compromisos con el comercio, la inversión directa y la conservación de los recursos naturales. Extender los beneficios del crecimiento a todos los costarricenses requerirá mejorar la eficiencia del gasto público, reducir la informalidad y aumentar la participación femenina en el mercado laboral.

Las regulaciones de los mercados de productos cumplen objetivos legítimos, pero cuando están mal diseñadas pueden imponer restricciones innecesarias a la competencia y por lo tanto al dinamismo empresarial, la productividad y en última instancia, al bienestar. Una actualización reciente del indicador de Regulación del Mercado de Productos de la OCDE para Costa Rica muestra que hay un amplio margen para mejorar las regulaciones. El desempeño económico de Costa Rica se ve dificultada por la participación intensa del Estado y las altas barreras de entrada, en comparación con los países de la OCDE y sus pares regionales. Este capítulo trata sobre las opciones para mejorar las regulaciones del mercado de productos, basadas en las mejores prácticas internacionales. La reforma regulatoria puede mejorar el bienestar del consumidor al impulsar la competencia y, por lo tanto, reducir los precios de los bienes y servicios esenciales, lo que a su vez aumenta el poder adquisitivo de los hogares de bajos ingresos y reduce la pobreza. Al aumentar la productividad, una competencia más intensa también permitirá que los salarios sean más altos. La reducción de las barreras de entrada puede facilitar la creación de empresas, impulsando la inversión y el empleo.

Tener acceso al crédito es esencial para que los hogares enfrenten la volatilidad de sus finanzas personales a lo largo del tiempo y para que las empresas financien sus inversiones. Por otro lado, acceder a servicios financieros a un costo asequible es crucial para garantizar la seguridad financiera de todas las unidades económicas. A pesar de las mejoras recientes, todavía existen grandes disparidades de inclusión financiera en Costa Rica, especialmente entre las regiones, por género y tamaño de las empresas. En este capítulo se analizan reformas de políticas que reducirían estas disparidades. Algunas de las prioridades de política son mejorar la transparencia fortaleciendo el registro de créditos y asignar los créditos de banca para el desarrollo de manera más efectiva. Mejorar la educación financiera podría ayudar a evitar el endeudamiento excesivo de los consumidores. La innovación tecnológica también ayudaría a Costa Rica: otorgar a las nuevas empresas fintech acceso directo y total al sistema de pagos electrónicos de vanguardia aumentaría la competencia, reduciría los costos de transacción y garantizaría la inclusión financiera para todos.