Muchos de los desafíos que obstaculizan la sostenibilidad del progreso socioeconómico del Perú provienen de las debilidades históricas y estructurales de su sistema de gobernabilidad. Un sistema de gobernabilidad sólido que ofrezca políticas inclusivas y servicios públicos eficaces y mitigue los riesgos de corrupción es indispensable para que el Perú pueda mantener los resultados significativos que ha logrado en la reducción de la pobreza y de la desigualdad y en la mejora del bienestar general.

Perú experimentó un proceso de desarrollo socio-económico y mejoramiento del bienestar durante los últimos 15 años, logrando resultados significativos en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Para que este progreso sea sostenible y robusto, se necesita un sólido sistema de gobernanza para controlar la corrupción y proporcionar un entorno estable. Si bien el Perú ha logrado importantes avances en el fortalecimiento de su sistema de integridad pública, el país sigue enfrentando desafíos para reforzar sus instituciones y mitigar los riesgos de corrupción.

Este capítulo ofrece una visión general de los indicadores internacionales que miden la situación de Perú con respecto a la gobernanza y la corrupción. Los resultados ponen de relieve la importancia de abordar los riesgos de corrupción y fortalecer el sistema de gobierno de Perú con el fin de sostener el progreso económico y social realizado en las últimas dos décadas.

Este capítulo examina las disposiciones institucionales para la integridad establecidas en el Perú tanto a nivel central como regional. En primer lugar, se analiza la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción o CAN, órgano oficial encargado de guiar el sistema de integridad pública. El análisis se centra en la capacidad de la Comisión para cumplir su mandato, su independencia de la injerencia política, la disponibilidad de personal especializado y capacitado y la adecuación de los recursos y poderes a su disposición. En segundo lugar, este capítulo se centra más específicamente en el mandato fundamental de la CAN, que es promover la coordinación horizontal entre las diferentes instituciones del sistema público de integridad. Por último, este capítulo evalúa los mecanismos regionales de divulgación y coordinación vertical de las políticas de integridad existentes, con especial atención en las capacidades institucionales a nivel regional.

Este capítulo identifica formas de fortalecer la ética pública y la identificación y manejo de situaciones de conflicto de intereses en el Perú a través de mejoras institucionales en el diseño, la orientación y el control. Si bien cada una de estas funciones son elementos constitutivos independientes, deben ser complementarios y reforzarse mutuamente. Es necesaria una interacción y sinergia flexible entre estos elementos para lograr una infraestructura ética coherente e integrada en Perú.

Existe un consenso general entre los responsables de formulación de políticas de que es necesaria una protección eficaz de los denunciantes para promover la transparencia, promover la integridad y detectar conductas indebidas. Con este fin, Perú, al igual que varios países de la OCDE, promulgó una ley dedicada a la protección de los denunciantes. Este capítulo ofrece una revisión y análisis del sistema de protección de denunciantes del Perú y propone un conjunto de acciones para su consideración. Si bien se han adoptado medidas importantes para proteger a los denunciantes y salvaguardar la integridad, en la presente sección se recomienda que el Perú haga esfuerzos adicionales para fortalecer dichas protecciones, aumentar la conciencia y examinar y evaluar sistemáticamente su sistema de denuncias.

Este capítulo se centra en el papel de los sistemas de control interno, las funciones clave de la gestión de riesgos y la auditoría interna en el fortalecimiento de la integridad, la transparencia y el mejoramiento de la buena y responsable gobernanza. La primera parte evalúa los procesos existentes de control interno y gestión de riesgos, las normas y las disposiciones institucionales en comparación con los principales modelos y prácticas internacionales. La segunda parte destaca la necesidad de aclarar aún más las funciones y asignar responsabilidades entre los distintos agentes de control interno y de con todos los niveles y entidades del gobierno, centrándose en los atributos de consultoría y garantía de una función de auditoría interna e independiente. Por último, la tercera parte destaca cómo un sólido sistema de control interno puede apoyar políticas efectivas de integridad y contribuir activamente a prevenir, detectar y responder a fraudes y planes de corrupción. El análisis respalda las recomendaciones que favorecen un ambiente óptimo de control interno y gestión de riesgos que funcione como piedra angular y aliado valioso del compromiso del gobierno peruano con una ambiciosa y prometedora agenda de integridad y lucha contra la corrupción.

Este capítulo revisa el marco legal, administrativo e institucional en el que se financian las campañas políticas en el Perú. También se analizan los desafíos a la supervisión efectiva de estas leyes y regulaciones y los posibles medios a través de los cuales fortalecer el sistema contra los actos impropios. Debido al hecho de que los partidos políticos sólo dependen de fondos privados, el riesgo de captura de políticas por parte de intereses privados poderosos es alto en el Perú. La introducción de una financiación equilibrada de los partidos políticos y campañas electorales es una palanca política clave para mitigar el riesgo de captura de políticas y aumentar la integridad en el sector público.

El aumento de la transparencia en las actividades de lobby es una importante palanca política para restablecer la confianza del público en el gobierno. Basado en la Recomendación de la OCDE del Consejo sobre los Principios de Transparencia e Integridad en las actividades de lobby y las buenas prácticas de los países miembros de la OCDE, este capítulo analiza varios aspectos de la actual regulación peruana sobre el lobby con especial atención en el actual marco normativo de actividades de lobby formal, los riesgos de integridad relacionados y la conformidad e imposiciones legales de dichas normas. El examen de estos puntos permite evaluar y aclarar la validez de las medidas existentes. El capítulo provee un conjunto de recomendaciones para fortalecer el sistema y aumentar el nivel de conciencia y cumplimiento con las regulaciones de lobby en el Perú.

Este capítulo examina el papel de los regímenes disciplinarios administrativos del Perú como mecanismos esenciales para hacer cumplir el sistema de integridad del sector público del país. El capítulo evalúa las fortalezas y debilidades de los sistemas actuales en contraste con los de algunos países miembros y socios de la OCDE. Las recomendaciones se someten a la consideración de las autoridades peruanas con miras a mejorar la eficacia general evitando la fragmentación y la duplicación entre regímenes e instituciones coexistentes; fortalecer las capacidades, en particular en la función pública; y aumentar la evaluación del desempeño y la transparencia.

En este capítulo se describen las respuestas de la justicia penal a los desafíos de integridad en el Perú, centrándose en las cuestiones prácticas de la aplicación de la ley sobre los delitos contra la administración pública. Contiene recomendaciones para mejorar la eficacia de la aplicación legal con referencia a las buenas prácticas en otros países.