Durante las dos últimas décadas, Perú ha experimentado un progreso extraordinario. La introducción de reformas macroeconómicas y programas sociales más eficaces en las décadas de 1990 y 2000 detonó mejoras importantes en materia de crecimiento económico, bienestar y reducción de la pobreza. Para continuar con esa trayectoria, Perú convirtió a la política regulatoria en un elemento decisivo de su estrategia de desarrollo y solicitó el apoyo de la OCDE para mejorar sus políticas actuales y adoptar las mejores prácticas internacionales de calidad regulatoria.

El rendimiento macroeconómico de Perú durante la última década ha sido excepcional. Desde la introducción de las reformas en la década de 1990, se han observado mejoras importantes en los rubros de crecimiento económico, bienestar y reducción de la pobreza. Sin embargo, para continuar por esta senda, Perú necesita una política regulatoria clara.

El gobierno central de Perú cuenta con varias instituciones, así como con diversas políticas públicas, cuyo propósito es mejorar la calidad de las normativas1. Por ejemplo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se encarga de la política de modernización nacional que incluye la simplificación administrativa, con diversas estrategias permanentes, como la creación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) para los ministerios y agencias de gobierno de todos los niveles de gobierno. Además, el INDECOPI revisa los trámites, mediante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.

En la década de 1980, Perú se vio afectado por la hiperinflación y una profunda crisis económica. Y a principios de los años noventa llevó a cabo una primera etapa de reformas estructurales. Se promovió la inversión privada, incluida la de origen extranjero. Se introdujeron nuevas medidas para abrir el país al comercio exterior. Y se aprobaron medidas para garantizar una competencia justa en el mercado. Sin embargo, en la segunda mitad de los noventa, los trabajos de reforma se frenaron bruscamente. A pesar de eso, el rendimiento macroeconómico de Perú durante la última década ha sido el mejor en más de un siglo. Este rendimiento se debe, en parte, a un contexto externo favorable; pero también es consecuencia de la combinación exitosa de una política fiscal acertada basada en una ley de responsabilidad fiscal y la credibilidad monetaria. Desde la introducción de las reformas en la década de 1990, se han observado mejoras importantes en los rubros de crecimiento económico, bienestar y reducción de la pobreza; pero se necesitan más reformas para lograr una trayectoria sostenible y más incluyente.

Perú tiene un sistema centralizado de gobierno que comprende a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Perú no tiene una declaración de principios ni jurídica para la aplicación de una política regulatoria de gobierno completo. En cambio, tiene elementos específicos que procuran la calidad regulatoria y están incorporados en múltiples documentos jurídicos. Al reflejar los elementos dispersos de calidad regulatoria incorporados en los instrumentos jurídicos y de política pública, el panorama institucional de Perú también ofrece una visión en la cual las atribuciones jurídicas, las prácticas y los esfuerzos de política regulatoria están diseminados en varias agencias de gobierno, sin trabajos de coordinación articulados, salvo con algunas excepciones. Perú debe pensar en emitir una declaración de principios sobre política regulatoria con objetivos explícitos, y considerar que ésta se incluya como parte de una ley o de otro documento jurídico de carácter vinculante. Perú también debe aspirar a establecer un órgano de supervisión que concentre las actividades y herramientas de política regulatoria que actualmente están repartidas entre diversos ministerios, agencias de gobierno y oficinas.

En este capítulo se describen las instituciones, disposiciones jurídicas y prácticas de Perú para la evaluación ex ante de los anteproyectos de normativa y para la consulta pública. Se encontró que, aunque Perú cuenta con algunos de los elementos básicos, carece de un sistema exhaustivo para la evaluación ex ante de los anteproyectos de normativa, a fin de evaluar si proporcionan un beneficio positivo neto a la sociedad y si son congruentes con otras políticas gubernamentales. Perú debe introducir un sistema de evaluación de impacto ex ante. El sistema exigiría que todos los órganos que emiten normativa elaboren una evaluación de impacto regulatorio (EIR) para ayudarlos en la formulación de nuevas normas. Podrían emplearse criterios de fijación de umbrales para definir la minuciosidad de los trabajos de evaluación. La consulta debe ser sistemática en las primeras etapas cuando se definen las opciones de política pública y se está elaborando una evaluación de impacto; y una vez que se haya escrito un anteproyecto de normativa y una RIA preliminar.

En este capítulo se describen los esfuerzos y logros del Perú al gestionar y simplificar su acervo legislativo. Aunque el país cuenta con una estrategia de simplificación administrativa, se detectó que debería supervisarse más su aplicación. Estos esfuerzos se ven socavados aún más porque el gobierno peruano carece de un punto de referencia para medir las cargas administrativas que emanan de los trámites y obligaciones de información para empresas y ciudadanos, lo que puede dificultar la focalización de recursos y la comunicación de resultados. Perú debe asegurar la aplicación íntegra de las políticas de simplificación administrativa, lo que debería incluir la evaluación de los efectos; y pensar en instituir un programa de evaluación ex post de las regulaciones.

En este capítulo se analizan los enfoques aplicados por el gobierno del Perú para promover la aplicación y el cumplimiento de las normativas. Aunque los acuerdos institucionales y las prácticas en todos los organismos de aplicación de la ley varían considerablemente, se encuentra un denominador común. No existe una política general sobre el cumplimiento y aplicación de las normativas en los organismos gubernamentales. Perú debe incluir una política sobre fiscalizaciones y aplicación de la ley como parte integral de su política regulatoria, y debería incluir directrices generales relacionadas con objetivos horizontales como la conducta ética, la organización y planeación de fiscalizaciones, así como de transparencia para los sujetos a las fiscalizaciones.

Perú es un estado presidencial unitario, pero a pesar de esta configuración tiene tres niveles de gobiernos subnacionales con importantes atribuciones reguladoras. Este contexto requiere establecer marcos de gobernanza sólidos que promuevan la coordinación en todos los niveles de los gobiernos para garantizar la coherencia y complementariedad normativas y trabajos equilibrados de calidad regulatoria. Aunque el gobierno central y los subnacionales tienen mecanismos para promover la coordinación de las políticas públicas, incluso incentivos fiscales para que los gobiernos locales apliquen medidas de calidad regulatoria, éstos se han quedado cortos. Por consiguiente, hay muchas posibilidades de conseguir la coherencia normativa entre los niveles de gobierno, y promover que los gobiernos regionales y locales utilicen herramientas de política regulatoria. Salvo las políticas de simplificación administrativa, los gobiernos subnacionales en Perú deberían aplicar mecanismos de evaluación ex ante de la regulación y de consulta pública en el proceso de elaboración de normas.

En este capítulo se abordan los acuerdos de gobernanza vigentes en Perú para los organismos reguladores que tienen un grado de independencia del gobierno central. Los Principios de la OCDE sobre las mejores prácticas de política regulatoria: la gobernanza de los organismos reguladores, se utilizan como punto de referencia para evaluar elementos como la claridad de las funciones, la toma de decisiones y la estructura del órgano rector para los organismos reguladores independientes, la rendición de cuentas y la transparencia, entre otros. Se detectó que los organismos reguladores de la economía gozan de una gran independencia para ejercer el presupuesto y la toma de decisiones, y que sus prácticas sobre transparencia y rendición de cuentas son más avanzadas en comparación con las obligaciones en el gobierno central. Perú debería pensar en fortalecer la gobernanza de los organismos reguladores de la economía al revisar sus vínculos legales con el gobierno central para mejorar su toma de decisiones, al perfeccionar las políticas actuales para que los organismos reguladores sean más responsables ante el gobierno central, el Congreso y el público en general; y al introducir un sistema de evaluación de impacto ex ante.