El estado de Nuevo León es la tercera economía más grande de México; en 2016 contribuyó con 7.3% del PIB nacional. Sin embargo, según encuestas de organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la sociedad civil, existe una alta percepción pública de la corrupción, que se considera muy frecuente tanto en el nivel estatal (53% a 54%) como en el municipal (46% a 49%). Por tanto, Nuevo León se ha propuesto crear un sistema de integridad pública viable y resistente. Para tal efecto, el gobierno instituyó el Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León (SEANL), a fin de implementar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNAC) en el ámbito local.

El Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León (SEANL), instituido en 2017, se creó para implementar la reforma nacional de combate a la corrupción emprendida en 2015, a fin de asegurar la coordinación y coherencia entre las políticas, instituciones e iniciativas en favor de la integridad y contra la corrupción en todos los órdenes de gobierno en México. Este estudio ofrece una evaluación del sistema de integridad pública de Nuevo León y se centra en tres áreas principales: crear un sistema estratégico de integridad pública, fomentar una cultura de integridad en el sector público y perfeccionar el control interno y la gestión de riesgos.

En este capítulo se considera el marco del sistema de integridad pública de Nuevo León y se evalúa su alineación con el primer pilar de la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública, en la construcción de un sistema de integridad pública completo y coherente. Con este fin, en este capítulo se analiza el Sistema Anticorrupción de Nuevo León, que ofrece una oportunidad invaluable para fomentar la coherencia y uniformidad entre las diferentes políticas, medidas e iniciativas públicas de las instancias pertinentes, tanto en Nuevo León, como en el país en general. En este capítulo se hace notar que Nuevo León basa su sistema de integridad en el modelo establecido a nivel federal, sin embargo, también se sugiere que es necesario esforzarse más para involucrar a todas las instancias pertinentes en el estado, incluidos los municipios, así como implementar e incorporar las políticas y prácticas de integridad a nivel de las dependencias gubernamentales. Más aún, se necesita un liderazgo político y directivo para modelar la integridad pública y reducir la corrupción al garantizar apoyo ininterrumpido y sostenido para el sistema y sus mecanismos de participación ciudadana.

Un enfoque estratégico para la integridad, basado en la evidencia y atención a las áreas de riesgo, es un elemento esencial para crear un sistema de integridad completo y eficaz. En este capítulo se analizan los mecanismos para monitorear, evaluar y revisar las medidas estratégicas de Nuevo León para prevenir la corrupción, como lo establece en sus planes estratégico y de desarrollo. Se describe el trabajo exhaustivo y participativo del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, que guía el desarrollo estratégico del estado, en lo general. Se proporcionan recomendaciones para mejorar la estrategia de integridad y anticorrupción, por ejemplo, al definir de manera clara los objetivos e identificar otros indicadores. Además, se aborda el papel estratégico que puede desempeñar el Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León (SEANL) al apoyar la estrategia de integridad estatal a medida que formule y monitoree sus políticas de integridad.

En este capítulo se identifican los puntos fuertes y débiles del actual sistema de integridad de Nuevo León, y se centra en la ética de los servidores públicos y en la gestión de los conflictos de interés en su administración pública. Se ofrecen directrices para fortalecer el marco institucional y normativo. En el capítulo se sugiere que el Código de Ética y las reglas de integridad vigentes podrían revisarse para evolucionar a un enfoque más equilibrado que se base en evidencia. También podrían adoptarse directrices adicionales que ayuden a los funcionarios públicos a resolver dilemas éticos y conflictos de interés, y a identificar áreas de riesgo en las actividades del sector público. Además, se recomienda que Nuevo León considere adoptar un enfoque más estratégico para utilizar el requisito de la presentación de declaraciones como forma de implementar políticas y prácticas de integridad. Por último, en este capítulo se subraya cómo el fortalecer el proceso de contratación y las prácticas de gestión de recursos humanos pueden ayudar a promover la integridad en toda la administración pública.

En este capítulo se consideran los mecanismos instituidos por Nuevo León para asesorar y orientar a los funcionarios públicos cuando enfrenten dudas y dilemas que surjan sobre asuntos de integridad. También se analiza la Ley para Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción de Servidores Públicos del Estado de Nuevo León, instrumento especial promulgado en 2013 para alentar los informes de conducta corrupta de los funcionarios públicos. En este capítulo se incluyen recomendaciones para crear una cultura organizacional abierta, así como para mejorar el efecto y la eficacia del marco jurídico existente. Se recomienda que los altos mandos desempeñen un papel más importante para fomentar el diálogo y la comunicación sobre temas relacionados con la integridad. Además, se insta a Nuevo León a que consolide algunos aspectos de su marco jurídico, como proporcionar incentivos importantes y garantizar una protección eficaz en el caso de represalias.

En este capítulo se analiza si las reformas de integridad de Nuevo León realmente involucran a los ciudadanos, a la sociedad civil y al sector privado para que reconozcan la responsabilidad que comparten en materia de integridad pública. Se identifican estrategias adicionales para crear conciencia y aumentar su conocimiento sobre los beneficios sociales, económicos y políticos que la integridad pública aporta a la sociedad. En este capítulo también se evalúan las iniciativas que ha emprendido el estado para inculcar normas y valores de integridad en niños y jóvenes. Se ofrecen recomendaciones para que los programas existentes sean un aspecto prioritario del plan de estudios y se asegure que los docentes tengan las habilidades para impartir la asignatura de integridad en las aulas.

En este capítulo se evalúa el esquema de control interno y gestión de riesgos de Nuevo León respecto de modelos internacionales y la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. Se proporciona un panorama de los puntos fuertes y débiles del esquema de control interno y gestión de riesgos en Nuevo León y se presentan propuestas de acción que indican cómo podría reforzarse para que coincida con la Recomendación y las prácticas de los países de la OCDE. Las propuestas incluyen implementar un sistema estratégico de gestión de riesgos, otorgar a la dirección de operaciones la titularidad de la gestión de riesgos, establecer mecanismos de control interno coherentes y fortalecer la eficiencia de la función de auditoría interna.

En este capítulo se presenta un plan de acción para aplicar las recomendaciones de la OCDE en las áreas que abarca el Estudio sobre Integridad en Nuevo León, a saber: acuerdos institucionales, un enfoque estratégico para la integridad pública, una cultura de integridad, una cultura organizacional abierta, un enfoque que involucre a toda la sociedad, control interno y gestión de riesgos. En este capítulo también se proporciona una lista de las principales actividades, acciones y pasos que deben tomarse para implementar cada una de las recomendaciones de este Estudio, y se sugieren las entidades gubernamentales más idóneas para llevarlas a cabo.