El presente Estudio de la Justicia de la OCDE en el Perú: Hacia instituciones de justicia eficaces y transparentes para un crecimiento inclusivo (“Estudio de la Justicia”) demuestra la intención del Perú de ajustarse en mayor medida a las normas de la OCDE a la hora de velar por la igualdad de acceso a la justicia, incluida la Recomendación de la OCDE sobre el Acceso a la Justicia y la Justicia Centrada en las Personas [OECD/LEGAL/0498]. En esta línea, el Perú está implementando su Reforma del Sistema de Justicia 2021-2025, liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), con el objetivo de modernizar su sistema de justicia y mejorar el acceso de las personas a los servicios judiciales para toda la ciudadanía. El Perú mantiene su compromiso de fortalecer el acceso a la justicia y el Estado de derecho en virtud de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en particular el indicador 16.3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relativo al acceso a la justicia, del cual la OCDE es cocustodio con las Naciones Unidas.  

Modernizar su sistema de justicia constituye una prioridad para el Perú. Desde 2003, el país ha tomado varias medidas para fortalecer el marco institucional que respalda el diseño y la provisión de políticas y servicios de justicia para toda la población peruana, incluidas las personas más vulnerables, a través de reformas institucionales y funcionales de las políticas de justicia con visión de futuro. Al mismo tiempo, la eficacia de su implementación depende de la eliminación de los obstáculos institucionales, así como de la estabilidad y del compromiso en el plano político.

En este capítulo, se describen los principales hallazgos de la evaluación de la OCDE y se presentan recomendaciones de políticas para apoyar los esfuerzos en curso del Perú por reformar y modernizar su sistema de justicia. Estas recomendaciones tienen como objetivo ayudar a los actores de la justicia del Perú a aprovechar la experiencia y las buenas prácticas de los países miembros de la OCDE, junto con las correspondientes normas de la OCDE y otras normas internacionales, para lograr sus objetivos estratégicos y acercar la justicia a las necesidades de las personas.

En este capítulo, se analiza la importancia del Estado de derecho y la igualdad de acceso a la justicia en el Perú al determinar cuáles son los vínculos existentes entre el Estado de derecho, el acceso a la justicia, la confianza en las instituciones públicas y la buena gobernanza, comparando el Perú con los países miembros de la OCDE. A continuación, se destacan las principales iniciativas de reforma de la justicia en Perú y se analiza cómo se garantiza la protección de los derechos fundamentales y el acceso a la justicia en el país. Por último, se proporciona una visión general de la metodología y la estructura del presente Estudio.

Este capítulo se centra en el marco constitucional que define la separación y el equilibrio de poderes entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Perú, y su relación con las instituciones constitucionalmente autónomas. A continuación, define las instituciones que forman parte del sistema de justicia, primero según lo detallado por la Constitución y después desde un enfoque centrado en las personas, y enumera sus responsabilidades y el alcance de los servicios que tienen la responsabilidad de prestar, incluida su relación con la justicia intercultural. Por último, este capítulo evalúa los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucionales existentes que el Perú ha implementado para brindar servicios de justicia de calidad centrados en las personas y los compara con las experiencias y buenas prácticas de los miembros de la OCDE.

Este capítulo se centra en la estructura y el funcionamiento del sistema judicial del Perú y lo compara con el de los países miembros de la OCDE. Trata sobre la gobernanza de los sistemas judiciales, la institucionalización de disposiciones de autogobierno judicial que sustenten los poderes judiciales independientes, la gestión de los tribunales y los mecanismos para proteger la independencia e imparcialidad de los jueces en ejercicio. También destaca el sistema de justicia administrativa en el Perú, que es una de las principales salvaguardas del Estado de derecho y la protección de las inversiones privadas y el desarrollo económico en los países miembros de la OCDE. Por último, analiza los aspectos clave de la gestión del poder judicial, como la gestión de recursos humanos, por ejemplo, el presupuesto, la selección y el nombramiento de jueces, la disciplina e integridad, y la paridad de género dentro del poder judicial.

Este capítulo se centra en los principales mecanismos aplicados para abordar las ineficiencias en los servicios de justicia del Perú y los compara con los países miembros de la OCDE. Describe cómo los países han adaptado cada vez más herramientas nuevas de gestión, presupuestarias y digitales para hacer frente a la duración de los juicios y la acumulación de casos, incluida la gestión judicial y de casos, y cómo se están implementando la digitalización y los mecanismos alternativos de solución de controversias para aumentar la eficiencia de la justicia.

Este capítulo identifica los principales desafíos del Perú en la implementación de un sistema de justicia centrado en las personas. Identifica las principales barreras estructurales, geográficas y socioeconómicas a las que se enfrentan los peruanos al acceder a los servicios de justicia y explora las experiencias relacionadas con el sistema de justicia de grupos específicos (mujeres, pueblos indígenas y la comunidad LGBTQI). Este capítulo también examina los servicios de justicia existentes en el Perú para determinar si son accesibles y rentables y si están adaptados a las necesidades específicas de los grupos más vulnerables.