La solidez de las instituciones macroeconómicas de Perú, en particular las reglas fiscales, un Banco Central independiente y una robusta regulación financiera, han propiciado un elevado crecimiento económico, garantizado la estabilidad macroeconómica y reducido notablemente la pobreza en las dos últimas décadas. Esto ha permitido al país mitigar los efectos económicos y sociales de los grandes shocks de los últimos años. Tras una importante recesión provocada por la pandemia de COVID-19, la economía remontó rápidamente, pero desde entonces se ha ralentizado fuertemente (Gráfico 1), como consecuencia del menor crecimiento mundial debido a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, una mayor incertidumbre política, alta inflación, condiciones financieras restrictivas y, más recientemente, disturbios sociales generalizados y condiciones meteorológicas extremas. Al mismo tiempo, la economía se ha visto apoyada por los altos precios de los metales.

Los sólidos marcos de políticas macroeconómicas e institucionales de Perú, junto con reformas estructurales, como la liberalización del comercio y la apertura a la inversión extranjera, contribuyeron a un fuerte crecimiento económico y a una notable reducción de la pobreza en las dos décadas previas a 2019. Fruto de todo ello, el país experimentó uno de los mejores desempeños macroeconómicos de América Latina, lo que le ayudó a amortiguar las consecuencias económicas y sociales de las crisis recientes. Sin embargo, Perú todavía adolece de una elevada informalidad, disparidades regionales y un acceso inadecuado a los servicios públicos. La convergencia hacia niveles de vida más elevados se ha ralentizado, por lo que reviste suma importancia impulsar la productividad y la inversión. La pandemia de COVID-19 ha agravado las deficiencias estructurales en ámbitos como la sanidad, la educación y la protección social. Para mejorar el nivel de vida de todos los peruanos será necesario llevar a cabo ambiciosas reformas estructurales, tales como mejorar la regulación y la competencia, fortalecer la gobernanza y el Estado de derecho, ofrecer protección social universal y elevar los resultados en educación. Aunque la consolidación fiscal prevista garantiza la sostenibilidad de la deuda, es necesario implementar una reforma que aumente la eficiencia del gasto y los ingresos tributarios para hacer frente a retos de larga data en el ámbito social y de infraestructuras. Un plan a largo plazo para implementar estas reformas reduciría la pobreza y la desigualdad y fomentaría la convergencia de ingresos con los países de la OCDE.

Tras dos décadas de fuerte desempeño económico, impulsado principalmente por las exportaciones de materias primas, el crecimiento se ha desacelerado considerablemente. Un nuevo impulso al crecimiento de la productividad y la inversión necesita el respaldo de una economía con una amplia base empresarial innovadora y competitiva. Esto exigirá reformas estructurales para que los mercados se vuelvan más competitivos e innovadores, fortaleciendo el Estado de derecho y la capacidad ejecutoria del Estado. Reforzar la fiscalización de las normas de competencia, luchar contra la corrupción, modernizar la función pública y aumentar la independencia y eficacia del poder judicial son tareas prioritarias para mejorar el entorno empresarial y las infraestructuras públicas. Estas reformas situarían a Perú en una senda de crecimiento sostenible que elevaría el nivel de vida de toda la población.

Perú ha experimentado una fuerte reducción de la pobreza y la desigualdad en las dos últimas décadas. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha agravado las disparidades sociales del país, en particular debido a grandes brechas en protección social, una gran proporción de trabajadores informales –sin protección del empleo ni seguridad social– y un acceso desigual a la educación y los servicios sanitarios de alta calidad. La prevalencia del empleo informal, que afecta a más del 75% de la población ocupada, plantea importantes retos a la hora de reducir la pobreza, combatir las desigualdades y promover un crecimiento económico inclusivo. Para aumentar significativamente la formalización y la cobertura de la protección social, es necesario realizar reformas profundas de la seguridad social (incluyendo los sistemas de pensiones y salud) y de los regímenes de asistencia social, e introducir cambios en las políticas laborales, educativas y de formación. Estas reformas precisan recursos fiscales adicionales. Un programa de reformas políticamente viable debe ser gradual y seguir una secuencia y un orden de prioridades de reforma adecuados. Tales reformas no sólo permitirán disminuir la pobreza y las desigualdades, sino también impulsar la productividad.