La contratación pública representa en promedio 30% del gasto total gubernamental y cerca de 12% del producto interno bruto de los países OCDE. No obstante, la importancia de la contratación pública va más allá de su dimensión económica, al ser reconocida cada vez más por los gobiernos como una herramienta para alcanzar objetivos más amplios de política pública y bienestar. Varias áreas de política pública se benefician concretamente de la contratación. Por ejemplo, 96% de los países OCDE tienen una estrategia o política para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y 81% tienen una estrategia o política para promover la innovación por medio de la contratación pública. Además, la crisis del COVID-19 ha demostrado lo importante que son los sistemas de contratación pública para asegurar la entrega de bienes esenciales y contribuir a la resiliencia y la capacidad de los estados para mantener y mejorar los servicios públicos.

El Estado de México es la entidad federativa más grande de México en cuanto a su población, que actualmente se estima en 17.3 millones de habitantes. También alberga al municipio más poblado del país, Ecatepec de Morelos, con alrededor de 1.6 millones de habitantes. La economía del Estado de México produce alrededor del 8.7% del PIB de México y el PIB per cápita en el estado creció 9.8% entre 2010 y 2016, por encima del promedio nacional de 8.5%. Sin embargo, el estado también enfrenta importantes retos. Por ejemplo, se estima que 47.9% de su población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y 6.1% está en pobreza extrema. De igual forma, la confianza en las instituciones públicas, medida por las percepciones ciudadanas, es baja. La situación se ha vuelto aún más desafiante como resultado de los efectos del COVID-19 en la economía nacional y estatal.

El Estado de México utiliza alrededor de 25% de su presupuesto en contrataciones públicas. Dieciséis secretarías de la administración pública estatal pueden realizar sus operaciones de contratación a través de sus coordinaciones administrativas o de la Dirección General de Recursos Materiales (DGRM) de la Secretaría de Finanzas, mientras que 90 organismos auxiliares llevan a cabo sus propias contrataciones, a menos que hayan establecido un convenio con la Secretaría de Finanzas para adquirir bienes o servicios específicos por medio de la DGRM. En la práctica, la mayoría de las contrataciones de la administración central (es decir, de las secretarías) son ejecutadas por la Secretaría de Finanzas.

En este capítulo se analiza la estructura de la gobernanza de la función de contratación pública en el Estado de México. Se incluye la organización del proceso, los actores principales, así como el marco normativo e institucional. También se abordan los mecanismos de coordinación y de comunicación para facilitar la buena gobernanza de dicha función. Asimismo, se abordan los enfoques actualmente empleados para involucrar a la proveeduría y a la comunidad empresarial con el propósito de entender los mercados y facilitar su planeación y participación en oportunidades de licitación. Finalmente, se evalúa la utilización de mejores estándares regulatorios, particularmente aquellos relacionados con la consulta pública al momento de reformar las reglas de contratación.

Este capítulo se enfoca en el análisis del sistema electrónico de contratación del Estado de México: COMPRAMEX. La contratación electrónica contribuye al aumento de la eficiencia y la transparencia de los procedimientos de contratación pública. Desde 2013, cuando se promulgó la Ley de Contratación Pública para promover la agenda de contratación electrónica, el COMPRAMEX no ha logrado avances significativos. En este capítulo se analizan las funciones actuales del COMPRAMEX desde una perspectiva de eficiencia. De igual manera, se revisa el alcance de la contribución del COMPRAMEX al aumento de la transparencia mediante la publicación de información relacionada con la contratación pública en términos de cobertura, calidad y facilidad de uso. Posteriormente, el capítulo aborda los cinco elementos clave que el Estado de México debe tomar en cuenta para implementar exitosamente la reforma de la contratación electrónica: liderazgo institucional, involucramiento de las partes, funcionalidad técnica, gobernanza y desarrollo de capacidades. El capítulo proporcionará recomendaciones y una hoja de ruta sobre cómo transformar al COMPRAMEX en un sistema electrónico de contratación más integral, transaccional, interconectado y transparente con datos reutilizables y entendibles.

En este capítulo se analizan las estructuras, los mecanismos y las prácticas actuales para centralizar la contratación pública en el Estado de México para mejorar su eficacia. En el mismo, se identifican áreas para la expansión de la centralización con el propósito de aumentar la eficiencia y la eficacia. Además, se enfoca en el uso de contratos marco como herramientas de eficiencia para obtener los beneficios de una contratación pública centralizada de manera efectiva, incluyendo la creación de mayor competencia en el mercado. Finalmente, en el capítulo se evalúan las estructuras organizacionales que más generan resultados cuando de centralización de la contratación se trata.

En este capítulo se analizan el sistema para garantizar la integridad y la rendición de cuentas en los procesos de contratación pública en el Estado de México; las políticas de integridad y los marcos normativos existentes para determinar cuan efectivos son con respecto a la mitigación del riesgo de corrupción y la gestión de conflictos de interés durante el ciclo de contratación pública. El capítulo también aborda las estrategias y herramientas de gestión de riesgos disponibles en el Estado de México para la identificación y atención de riesgos de corrupción y fraude, y para adaptar actividades de control de manera efectiva con el objetivo de poder asegurar el funcionamiento adecuado del sistema de contratación pública. Finalmente, se evalúan las medidas implementadas para involucrar activamente al sector privado y a la sociedad civil en la promoción de la integridad en la contratación pública, así como la ruta de acción que deben tomar los proveedores para impugnar las decisiones de contratación tomadas durante los procesos y la ejecución de contrato.

Considerando el volumen significativo de operaciones que la contratación pública representa para el Estado de México, en este capítulo se identifican las oportunidades para fomentar la eficiencia a lo largo del ciclo de contratación, no solo desde una perspectiva del marco normativo, sino también al observar las prácticas de las entidades públicas. La eficiencia del sistema se ve limitada por varios obstáculos a la competencia y la participación de proveedores en la contratación pública. Un enfoque de calidad en la etapa de adjudicación de contratos también incrementaría el valor por el dinero. En este capítulo se aborda la manera en que el Estado de México podría hacer mejor uso de las oportunidades que surgen de la contratación pública estratégica para apoyar sus objetivos de política pública. Este capítulo concluye con recomendaciones para mejorar la eficiencia del sistema de contratación pública.

Este capítulo se enfoca en las capacidades del personal de contratación pública en el Estado de México. De una función meramente administrativa, la contratación pública ha pasado a tener una función estratégica debido a sus reglas cada vez más complejas y su naturaleza multidisciplinaria. Por lo tanto, se requiere de personal altamente calificado para contar con un sistema de contratación robusto. En este capítulo se estudian los marcos normativos e institucionales y las estrategias existentes en relación con la profesionalización del personal de contratación pública en el Estado de México. Posteriormente, se analizan las áreas prioritarias clave para establecer un sistema eficaz de profesionalización y desarrollo de capacidades: (i) evaluar las capacidades del personal de contratación pública, (ii) desarrollar un marco de competencias y un marco de certificación, y (iii) crear un sistema para el desarrollo de capacidades. Finalmente, se hacen propuestas de acción que el Estado de México podría considerar para promover la agenda de profesionalización mediante el reconocimiento de la contratación pública como una actividad profesional.