La política fiscal no es sólo un medio de gestión macroeconómica, sino un instrumento que los gobiernos latinoamericanos pueden emplear para proseguir el desarrollo. la utilización razonada y activa de la política tributaria, del gasto público y de la gestión de la deuda puede dar un nuevo empuje al desarrollo en américa latina promoviendo tanto el crecimiento como la reducción de la pobreza y de la desigualdad.

En su ya clásico Facundo (1845), Domingo Faustino Sarmiento, evaluando a su Argentina natal, identificaba en ella una tensión profundamente enraizada: “El siglo XIX y el siglo XII viven juntos: el uno, dentro de las ciudades; el otro, en las campañas”. Sarmiento no se mordió la lengua a la hora de calificar esas dos vertientes de su país y, por extensión, de la vida latinoamericana: a su entender, representaban la civilización y la barbarie respectivamente1. Esta marcada dicotomía ejercería una gran influencia en los intelectuales latinoamericanos de las siguientes décadas.

El presente capítulo examina sucintamente la estructura, las características y los resultados de los sistemas fiscales en América Latina. El periodo considerado cubre la etapa de transición de los años de crisis a los de bonanza macroeconómica. Aunque el examen roza a lo sumo la actual confusión económica mundial, constituye una sólida base para comprender de dónde procede y adónde se dirige América Latina en materia de fiscalidad.

La gestión de la deuda pública constituye un aspecto crucial de la política fiscal. los países emergentes - especialmente las economías latinoamericanas - se enfrentan a un difícil compromiso en este ámbito. Las apremiantes necesidades de infraestructura y gasto social requieren endeudamiento público, con el fin de impulsar el desarrollo y el crecimiento económico, pero es notorio que un “elevado” nivel de deuda resulta costoso. La negativa percepción que los mercados puedan tener de la gestión de la deuda soberana o de la amenaza de incumplimiento agudiza la vulnerabilidad de las finanzas públicas y puede incluso reducir el crecimiento económico. En este contexto, el garantizar unas normas fiscales óptimas y una buena gestión de la deuda pública resulta de vital importancia para las perspectivas de crecimiento de cualquier país.

El influyente pensador venezolano del siglo XIX Andrés Bello escribía en 1848 de las incipientes naciones latinoamericanas: “Su civilización es una planta exótica que no ha chupado todavía sus jugos a la tierra que la sostiene”. La preocupación de Bello era la inquietante dependencia de los nuevos países de los modelos culturales europeos y la necesidad de que América Latina declarase su autonomía cultural. Quizá algo parecido podría decirse hoy de los sistemas tributarios latinoamericanos.

La informalidad resulta difícil de cuantificar, pero, sea cual sea la forma de medirla, en todo caso es alta en América Latina. Fuera del campo de visión de los actores políticos y fuera del alcance del fisco, la actividad informal constituye todo un desafío. Por una parte, implica una pérdida de ingresos para las autoridades tributarias; por otra parte, al considerarla como un sector de subsistencia, los trabajadores y microempresarios informales representan también un escollo para la eficacia del gasto público. El trabajo informal conlleva una protección laboral y social imperfecta de los trabajadores, y las empresas informales son menos productivas que las formales. Por ende, la informalidad generalizada es un freno potencial tanto para el crecimiento como para la cohesión social. Además, aunque para algunos la informalidad constituye una opción consciente, ésta puede convertirse en una trampa, que limita las perspectivas económicas y desconecta a la población del Estado. En este sentido, la informalidad es mucho más que una mera pérdida de ingresos: tras la existencia de un amplio sector informal subyace seguramente un elevado nivel de exclusión social.

La presente edición de Perspectivas se centra en los vínculos entre la política fiscal y el desarrollo, y este último capítulo analiza el ámbito del gasto de la fiscalidad. Para que el gasto público contribuya al desarrollo, no cabe duda de que los actores políticos tienen que preocuparse de la cantidad y cerciorarse de que existen suficientes recursos disponibles para los programas que interesan a la población, pero también tienen que lidiar con la calidad y garantizar que los recursos empleados se gasten de forma juiciosa. Entender correctamente estas dos dimensiones del gasto reviste gran importancia para la legitimidad del sistema fiscal de un país.