La participación de las partes interesadas en la toma de decisiones es clave en el gobierno abierto. Con este fin, la Disposición 8 de la Recomendación de la OCDE sobre Gobierno Abierto pide a los países que concedan a todos los actores oportunidades iguales y justas de ser informados y consultados, y de que participen activamente en todas las fases del ciclo de las políticas –diseño, implementación y seguimiento– y en el diseño y provisión de los servicios públicos (OCDE, 2017). Para que las partes interesadas participen de forma significativa en todos los ámbitos de políticas públicas, las propias estrategias e iniciativas de gobierno abierto también deben diseñarse, aplicarse y supervisarse de forma participativa. La participación de un grupo amplio de actores a lo largo del ciclo de políticas puede garantizar que estas y las iniciativas de gobierno abierto se beneficien de su experiencia y perspectivas y terminen atendiendo las necesidades diversas de varios grupos.

La participación de las partes interesadas está reconocida como un pilar de la buena gobernanza, que permite la elaboración de políticas públicas abiertas y receptivas, reforzando así la confianza pública en el gobierno y la resiliencia democrática (OCDE, 2022a). En consecuencia, muchos países requieren la participación de partes interesadas en la creación de regulaciones, y diseñan estrategias a estos fines. En 10 de 13 países de América Latina y el Caribe (ALC) encuestados, se dispone de datos sobre legislación relativa a la participación de las partes interesadas en la formulación de políticas públicas, y sobre peticiones u otras formas de iniciativa ciudadana. En 10 de los 13 países (77%), existen disposiciones legislativas sobre la gestión de las quejas de los ciudadanos. La recopilación y el uso de las reacciones de los ciudadanos por parte de las entidades gubernamentales son menos comunes, ya que solo 7 de los 13 países (54%) cuentan con una disposición legal al respecto (Gráfico ‎4.4).

La creación de una cultura de gobernanza centrada en las personas requiere la institucionalización de los principios y valores del gobierno abierto –transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación– en las administraciones públicas. La alfabetización en materia de gobierno abierto se refiere a "la combinación de concientización, conocimiento y capacidades que los funcionarios públicos y las partes interesadas requieren para comprometerse exitosamente con las estrategias e iniciativas de gobierno abierto" (OCDE, 2017). La disponibilidad de herramientas, directrices y formación para los funcionarios sobre gobierno abierto es crucial para integrar los principios de gobierno abierto en el trabajo de las administraciones públicas.

La transparencia en la toma de decisiones es fundamental para el funcionamiento de la democracia. Esta ofrece a los ciudadanos y a las partes interesadas una visión de las instituciones que sirven a sus intereses, garantiza que los ciudadanos conozcan las actividades del gobierno y puedan examinarlas cuando sea necesario. Una legislación sólida en materia de acceso a la información, que abarque tanto la divulgación proactiva como reactiva de información, y delimite responsabilidades claras para la aplicación de las leyes de acceso a la información garantizan una mayor transparencia. También pueden actuar como herramientas contra la corrupción y la mala gestión. Promover el acceso a la información con una supervisión institucional fuerte puede apoyar la democracia a nivel nacional y regional en América Latina y el Caribe (ALC) (OCDE, 2022).