Durante la última década, varios países de América Latina y el Caribe (ALC) han aprobado leyes de responsabilidad fiscal para mejorar la sostenibilidad y la transparencia de la política fiscal, así como también para aumentar la estabilidad macroeconómica. En este marco, algunos países han adoptado reglas fiscales que imponen restricciones de largo plazo a la política fiscal, a través de límites numéricos explícitos en los agregados fiscales. Las reglas fiscales normalmente abarcan los ingresos, los gastos, el equilibrio presupuestario o la deuda pública. Han sido creadas para ser observables y permanentes e independientementes de cambios de gobierno.

Junto con las leyes de responsabilidad fiscal, algunos países han implementado marcos de gasto de medio plazo (MTEF, por sus siglas en inglés) como una manera de vincular el proceso presupuestario con los objetivos macro de la política fiscal más allá del ciclo presupuestario anual. Los MTEF permiten que las autoridades adopten agregados presupuestarios consolidados así como también planes de gasto detallados, lo que normalmente abarca de tres a cinco años, incluye el año fiscal presupuestado, y combina techos anuales prescriptivos con estimaciones descriptivas para el futuro. Las estimaciones del gasto basadas en estrategias sectoriales y costos estimados definen la referencia para futuros presupuestos, mientras que un marco macrofiscal define techos de gasto para el gasto futuro.

A medida que los gobiernos comienzan a centrarse en los resultados como base de las decisiones para las asignaciones presupuestarias, el rol de los administradores en los ministerios y organismos competentes se vuelve cada vez más relevante. Delegar la autoridad en los administradores en lo que se refiere a la asignación de fondos dentro de sus propias dotaciones presupuestarias podría conducir a un gasto público más eficaz, dado que los directores de los organismos quizá sean los que están mejor situados para escoger la combinación más eficiente de insumos para llevar a cabo la misión institucional. Se espera que esto conduzca a la adopción de enfoques más integrales de la planificación anual y multianual. Además, definir claramente las expectativas y los recursos disponibles para los ministerios competentes puede facilitar la rendición de cuentas presupuestaria. La flexibilidad presupuestaria también puede desempeñar un rol importante debido a las condiciones económicas y prioridades políticas cambiantes.

El presupuesto basado en resultados permite incorporar sistemáticamente datos de resultados en el proceso presupuestario, y muchos países de ALC han comenzado a usarlo. La implementación del presupuesto basado en resultados requiere adoptar sistemas de información de gestión financiera que faciliten la recopilación de datos de resultados, ajustar el proceso presupuestario para introducir la información en las asignaciones presupuestarias, establecer incentivos apropiados a nivel administrativo y desarrollar la capacidad institucional para llevar a cabo el proceso.

El presupuesto nacional es uno de los principales documentos de política publicados por el gobierno. Se trata de un instrumento para entender las prioridades y objetivos de política y comprender cómo la rama ejecutiva piensa administrar las finanzas públicas. La transparencia presupuestaria, según la define la OCDE, es la divulgación completa de la información fiscal relevante de manera oportuna y sistemática. Si bien los países pueden tener diferentes sistemas de presentación de informes presupuestarios, mejorar los niveles de transparencia a lo largo del proceso presupuestario (elaboración, aprobación y auditoría) es esencial para conservar la integridad del sector público y aumentar la participación ciudadana y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el proceso presupuestario. La amplitud y la transparencia pueden eventualmente conducir a un mejor desempeño del sector público al facilitar el seguimiento de los gobiernos por parte de los ciudadanos y minimizar el uso inadecuado e ineficiente de los recursos públicos.

La Legislatura desempeña un rol crucial en el proceso presupuestario. La presentación del presupuesto y de la documentación relacionada ante el Legislativo suelen ser la primera oportunidad de escrutinio público de las prioridades de un gobierno. Por lo tanto, se convierte en un componente esencial para la transparencia y la rendición de cuentas sobre las finanzas públicas. Para participar de manera significativa en el proceso presupuestario, en lugar de solo dar un visto bueno, el Legislativo requiere información fiable y no sesgada, por ejemplo: unidades de investigación presupuestarias especializadas dentro del Congreso/Parlamento, u oficinas presupuestarias del Congreso/Parlamento independientes (PBO, por sus siglas en inglés). Por otro lado, entre los países miembros de la OCDE, la creación de consejos fiscales se ha vuelto bastante habitual.

Las preasignaciones presupuestarias reservan un porcentaje de los fondos del gobierno, que se pueden calcular como un porcentaje del producto interno bruto (PIB), para sectores específicos como salud, educación o defensa, y están establecidas por la Constitución, o la legislación primaria a o secundaria. Su objetivo consiste en comprometer con antelación un porcentaje de los gastos del gobierno para sectores específicos. Después de la reciente crisis económica y financiera, las preasignaciones se han vuelto cada vez más relevantes a medida que los gobiernos intentan mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto público. Además, numerosos países de ALC asignan previamente un cierto porcentaje de los gastos totales como transferencias a las regiones como un medio para profundizar los procesos de descentralización.

Los estándares de contabilidad usados por los gobiernos pueden proporcionar valores divergentes, los que a su vez pueden producir estimaciones variables de la posición fiscal. Los gobiernos usan dos tipos principales de bases de contabilidad: de base de caja y en valores devengados.

Se puede decir que el presupuesto es el documento de política clave del gobierno, dado que contiene información importante sobre las políticas y prioridades del mismo, tanto en el mediano como el corto plazo. El presupuesto también proporciona una visión de las finanzas del país y puede revelar información sobre las expectativas del gobierno en relación con los resultados económicos. Por lo tanto, la difusión de esta información al público es esencial para la transparencia fiscal. Los informes presupuestarios, así como los informes que se realizan a mediados del año y a finales del año, son documentos importantes que los gobiernos producen y difunden con el fin de informar a los ciudadanos sobre la ejecución del presupuesto.

Las auditorías internas (AI) constituyen una parte clave del sistema público de administración financiera y se pueden llevar a cabo en diferentes niveles del gobierno. Al proporcionar a la administración superior una evaluación y una asesoría independientes para mejorar el control interno, las auditorías internas aumentan la relación calidad-precio y fortalecen la rendición de cuentas. Asimismo, la auditoría interna es un componente crítico del sistema de control público, donde además las instituciones de auditorías supremas (SAI, por sus siglas en inglés) cumplen la función de auditoría externa. A pesar de que las SAI y los auditores internos llevan a cabo diferentes tareas según roles claramente definidos, colectivamente fomentan la buena gobernanza a través de la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, más específicamente, los auditores internos llevan a cabo la primera revisión de la calidad del presupuesto, de la información financiera y contable, revisando en qué medida las organizaciones han alcanzado objetivos previamente establecidos, mientras que las SAI tienen la responsabilidad de evaluar la eficacia de la función de auditoría interna. Las unidades de auditoría interna responden a la dirección de la entidad dentro de la que funcionan pero son organizacional y funcionalmente independientes.

Las asociaciones público-privadas (APP) son acuerdos contractuales de largo plazo entre el gobierno y un socio del sector privado en relación con el suministro y el financiamiento de infraestructura y servicios públicos, en los que se comparten los riesgos del proyecto. En la mayoría de los casos, el socio privado es responsable del diseño, de la construcción, del financiamiento, de la operación, de la gestión y de la provisión del servicio público, mientras que el gobierno provee los pagos para el suministro de infraestructura y servicios.