Con un crecimiento moderado y elevada desigualdad, México necesita inversiones en infraestructura, educación y políticas sociales. México ha aumentado el gasto en todas estas áreas, que se financió fácilmente gracias a las reformas fiscales de 2007 y 2009, así como a los elevados precios del petróleo en los últimos años. Los ingresos petroleros —que representan alrededor de un tercio de los ingresos presupuestarios— son muy volátiles, sobre todo por los movimientos en los precios, y las perspectivas de producción son inciertas aunque menos que en años pasados. México tiene los ingresos fiscales más bajos como proporción del PIB en la OCDE y en gran parte de América Latina, incluso si se consideran los ingresos derivados del petróleo. El gobierno debe aumentar la eficiencia de su gasto público. México gasta sumas importantes en subsidios a la energía que, en gran medida, son captados por los grupos con mayores ingresos. Por otra parte, estos subsidios no coinciden con las ambiciosas metas de México respecto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Dichos subsidios deben retirarse gradualmente en consonancia con las metas del gobierno. En cambio, ampliar las transferencias en efectivo a los pobres sería mucho más eficiente para combatir la pobreza y ayudar a los ciudadanos y la economía en su conjunto a moderar los choques en el ingreso. El gasto agrícola debe reestructurarse para financiar más inversión en bienes públicos y menos apoyo a los productores, el cual ha resultado infructuoso para aumentar la productividad agrícola. La ampliación de la base impositiva retirando algunos de los gastos fiscales más distorsionantes sería una contribución importante para fortalecer los ingresos. Esto también ayudaría a simplificar el sistema fiscal, reduciendo tanto los gastos de cumplimiento como las oportunidades de evasión y defraudación fiscal. Los esfuerzos por mejorar la ejecución de la normatividad tributaria deben continuar.