Este capítulo describe cómo los países de la OCDE han incorporado cuestiones de gestión fiscal en sus constituciones, estudiando la regulación de áreas como el alcance y el calendario del presupuesto, las normas fiscales, los procedimientos legislativos y las instituciones fiscales independientes. Destaca cómo determinadas disposiciones pueden contribuir a garantizar la adhesión de los gobiernos a principios de alto nivel de prudencia, transparencia y responsabilidad financiera. Analiza los beneficios potenciales de consagrar estas cuestiones en términos constitucionales, tales como las normas inamovibles por las que el electorado puede pedir cuentas a los sucesivos gobiernos, la reducción de los costes de los préstamos al garantizar a los mercados financieros, los compromisos de sostenibilidad fiscal y un poder legislativo más informado para examinar la política fiscal. También evalúa los inconvenientes, en particular, el hecho de que pueden reducir la flexibilidad del gobierno para responder a acontecimientos inesperados y adaptar las normas a las nuevas prácticas.