Cooperación Regulatoria Internacional
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Los mecanismos y herramientas regulatorias domésticas están llegando a sus límites para hacer frente a los desafíos transfronterizos. La acción conjunta permite a los países navegar eficazmente el rápido crecimiento de la integración económica y la interdependencia, impulsadas especialmente por tecnologías innovadoras. Sin embargo, los marcos institucionales y los procesos regulatorios contemporáneos están sujetos a las jurisdicciones nacionales que limitan las soluciones comunes para hacer frente a la creciente naturaleza internacional de los desafíos de política pública. Tras las secuelas de crisis globales, como la crisis financiera de 2008 o la pandemia COVID-19, que expusieron las vulnerabilidades de los sistemas de salud, económicos y de gobernanza mundiales, es momento de un verdadero cambio de paradigma hacia una consideración más sistemática del entorno internacional en los marcos regulatorios domésticos. Los Principios de Mejores Prácticas de la OCDE sobre Cooperación Regulatoria Internacional proporcionan una guía práctica que ayuda a los responsables de la formulación de políticas públicas a adaptar los marcos regulatorios a una realidad interconectada. En ellos se describen los elementos clave para definir una estrategia y una estructura de gobernanza, incorporando consideraciones internacionales en todo el diseño, desarrollo y ejecución de la regulación, y aprovechando la cooperación internacional bilateral, regional y multilateral para respaldar los objetivos de las políticas nacionales. Al recopilar diversas formas de cooperación regulatoria internacional y experiencias de los países, estos principios orientan a los funcionarios públicos en distintos entornos legales y administrativos, a formas de promover la calidad y la resiliencia del marco regulatorio en tiempos de un mundo cada vez más interconectado.
Síntesis de las ventajas y desventajas de las distintas formas de CRI
El trabajo analítico de la OCDE ha identificado una serie de ventajas y desventajas que pueden materializarse cuando los países hacen uso de los diferentes enfoques de la CRI. En particular, la (OECD, 2013[1]) identificó cuatro beneficios potenciales (ganancias económicas, avances en la gestión de riesgos y externalidades a través de las fronteras, eficiencia administrativa y flujo de conocimientos) y cuatro costos u obstáculos potenciales para el CRI (los costos de mantener la cooperación, la flexibilidad para cooperar, la pérdida real o percibida de soberanía, así como los cuellos de botella de la implementación). El presente Anexo resume estos beneficios y desafíos, reconociendo que no se producen de forma sistemática.
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