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Estudio de cooperación regulatoria internacional de México

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La cooperación regulatoria internacional (CRI) representa una valiosa oportunidad para que los países, y en especial los órganos reguladores a nivel nacional, contemplen los efectos de sus acciones más allá de las fronteras nacionales, enriquezcan la base documental para la toma de decisiones, aprendan de la experiencia de sus pares y elaboren estrategias conjuntas para afrontar retos transfronterizos. En este informe se presenta la primera evaluación realizada por la OCDE sobre las prácticas de cooperación regulatoria internacional de un país. En muchos aspectos relacionados a las políticas, prácticas e instituciones nacionales de México resulta palpable su activa labor para aprovechar los frutos de la globalización. Por un lado, México ha hecho esfuerzos unilaterales para incluir consideraciones de carácter internacional en su regulación nacional, tanto a través de sus disciplinas de mejora regulatoria, como con la obligación legal de tomar en cuenta los estándares internacionales en el desarrollo de regulaciones técnicas. Por otro lado, el gobierno mexicano y los distintos reguladores también cooperan ampliamente en temas regulatorios de manera bilateral, regional y multilateral. A partir de un análisis de las políticas y prácticas existentes en materia de CRI y de su debida comparación con otros países de la OCDE, este informe identifica tres grandes áreas de mejora: la creación de una visión integral y estratégica de cooperación regulatoria internacional, la mejora de la base de información sobre las herramientas de CRI disponibles y sus beneficios, y el fortalecimiento de la puesta en marcha eficaz de las iniciativas de CRI.

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Resumen ejecutivo

La globalización ha transformado la vida cotidiana de las personas, las empresas y los países de todo el mundo. Las revoluciones tecnológicas de los últimos 30 años y la intensificación de las cadenas globales de producción han aumentado la integración de la economía mundial. Como consecuencia, el acelerado flujo transfronterizo de bienes, servicios, personas y recursos financieros está poniendo a prueba la eficacia y la capacidad de los marcos regulatorios locales. Se hallan sometidas a gran presión tanto la calidad de las nuevas medidas regulatorias como su efectiva puesta en práctica.

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