Los organismos del sector público deben asegurar que sus "líneas de defensa" contra el fraude y la corrupción sean fuertes y basadas en (i) administración de riesgos, (ii) controles internos y (iii) actividades de aseguramiento independientes (auditoría interna) sólidos. Este enfoque integral permite a los organismos enfrentar la posibilidad de corrupción de forma preventiva, detectar violaciones de la integridad en el momento en que se produzcan, así como monitorear, y mejorar, continuamente los controles, con el transcurso del tiempo, y adaptarse más rápidamente a los cambios de contextos y riesgos. Así, este capítulo se centra en los tres elementos fundamentales de la administración pública federal de México: la primera sección evalúa el procedimiento de administración de riesgos de la Secretaría de la Función Pública (la Administración de Riesgos institucionales, mejor conocida como ARI); la segunda sección examina el ambiente de control interno y procedimientos puestos en marcha por el gobierno federal y las secretarías; y la tercera sección destaca la importancia de una función de auditoría interna independiente, consultando con altos directivos y brindando certeza sobre la eficacia y eficiencia del control interno y las modalidades de administración de riesgos al interior de los organismos públicos.