En 2011, México lanzó la Agenda del Agua 2030, un ambicioso programa que pretende alcanzar durante los siguientes 20 años una serie de objetivos cruciales: ríos limpios, cuencas en equilibrio, cobertura universal y asentamientos seguros frente a inundaciones catastróficas. Este ejercicio de planeación estratégica constituyó un ejemplo claro de liderazgo político para diseñar una visión de largo plazo en el sector. No obstante, hacer posible la reforma de la gestión del agua sigue siendo un reto importante, en especial porque en México, como lo refleja la experiencia, cuesta mucho convertir los objetivos de políticas en acciones. El país cuenta con un marco de políticas bien desarrollado para la gestión de los recursos hídricos, así como diversas instituciones e instrumentos de políticas. Sin embargo, la implementación de dichas políticas aún es desigual, los consejos de cuenca no funcionan del todo bien (a 20 años de su creación), el marco regulatorio para los servicios de agua potable y saneamiento se encuentra atomizado entre múltiples actores y es evidente que los subsidios perjudiciales que hay en otros sectores (energía, agricultura) se contraponen a los objetivos de las políticas del agua. En particular, se requieren esfuerzos para aumentar la productividad y la eficiencia de las políticas en este sector, superar los desafíos de gobernabilidad multinivel y a nivel de cuenca (sobre todo para eliminar las incongruencias entre las prioridades federales y de las cuencas), ordenar según su prioridad las necesidades de reforma y procurar una mayor coherencia de políticas con los sectores de agricultura y energía.