En los países de América Latina y el Caribe (ALC), en promedio el 17.4% del gasto público total se ejecuta a través de sistemas de contratación pública (véase 7.1 Tamaño de la contratación pública), lo cual muestra el rol clave que la contratación pública desempeña en las economías de la región. Por ello, es de suma importancia que los sistemas de contratación estén alineados y creen sinergias con otras áreas de gobernanza pública. Por ejemplo, es buena práctica garantizar que la gestión de las finanzas públicas (como el diseño del presupuesto y la asignación de recursos humanos) se integre en los procesos de contratación. Igualmente, las políticas de contratación pública deben incluir estrategias de gestión de riesgos para identificar los riesgos en los procesos y proyectos. Identificar los riesgos en etapas tempranas permite a los gobiernos estar preparados para responder adecuadamente en caso de que se materialicen. La necesidad de una gestión de riesgos fue evidente durante la crisis de la COVID-19, donde la demanda de bienes y servicios se incrementó y las cadenas de suministro se vieron interrumpidas. Esto condujo a los sistemas de contratación pública a adoptar medidas de contratación de emergencia, como la adjudicación directa y procedimientos de licitación acelerados, entre otras. Estos procesos de contratación son también relevantes para la contratación en infraestructura, dado el tamaño del gasto en el sector. Disponer de marcos de contratación pública para los contratos de infraestructura y mantener procedimientos bien definidos puede contribuir a reducir los riesgos de corrupción y las ineficiencias.