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Government at a Glance 2015

Summary in Spanish

Panorama de las administraciones públicas 2015

Resumen en español

La recuperación está en curso y el crecimiento económico está empezando a repuntar lentamente en el área de la OCDE. La consolidación fiscal avanza, aunque el desempleo sigue siendo alto; mientras que el crecimiento de la productividad ha sido insuficiente. Las desigualdades, en la distribución del ingreso y otros resultados que importan para el bienestar de la gente, también se están ampliando. Los gobiernos deben enfrentar esos problemas para proporcionar un crecimiento más fuerte y más incluyente en los próximos años; se necesita un enfoque multidimensional para la formulación de políticas públicas.

Los gobiernos poseen muchos recursos de política pública para construir las bases para sociedades más incluyentes y sostenibles. Sin embargo, sin los mecanismos adecuados para impedir que grupos con intereses especiales “se apoderen” de la formulación de políticas públicas, asegurar la aplicación eficaz y promover la vigilancia y evaluación minuciosas de las políticas públicas, incluso si están bien diseñadas, tal vez no se produzcan los resultados esperados. En Panorama de las administraciones públicas 2015 se ofrecen indicadores que arrojan luz sobre cómo son los gobiernos incluyentes en cuanto al empleo, los proceso de formulación de políticas y los resultados de las políticas.

Principales conclusiones

El equilibrio fiscal general de los países de la OCDE está mejorando

El equilibrio presupuestario de los países de la OCDE mejoró 4.2 puntos porcentuales; pasó de un déficit de 8.4% del PIB en 2009, a uno de 4.2% en 2013.

En 2013, el equilibrio fiscal estructural alcanzó un déficit promedio de 3.5% como una parte del PIB potencial en los países de la OCDE, una mejora de 3.6 puntos porcentuales en comparación con 2009.

Como resultado de los trabajos de consolidación, la mayoría de los países de la OCDE mejoraron su coeficiente de ahorro neto (la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos ordinarios) entre 2009 y 2013, inclusive países que tienen coeficientes muy negativos como Grecia, Irlanda y Portugal.

En 2013, el nivel de deuda promedio en los países de la OCDE llegó a 109.3% del PIB. De 2013 a 2014, la deuda disminuyó en la República Checa, Irlanda, Noruega y la República Eslovaca; mientras que los mayores aumentos ocurrieron en Eslovenia, España, Italia y Bélgica.

La inversión pública es poca y bajó considerablemente a partir de 2009

Entre 2009 y 2013, la inversión pública se redujo en 0.8 puntos porcentuales como una parte del PIB; y en 1.4 puntos porcentuales como una parte del gasto total en promedio en los países de la OCDE. En 2013, la inversión pública representó el 3.3% del PIB y el 7.8 % del gasto total en promedio.

En 2013, los gobiernos subcentrales gastaron, en promedio, aproximadamente el 60% de la inversión pública total. Sin embargo, en países como Chile, Grecia y la República Eslovaca más del 70% de la inversión pública fue hecha por el gobierno central.

A pesar de las reformas, el empleo del sector público sigue siendo relativamente estable como una parte de la fuerza laboral.

En la mayoría de los países de la OCDE, los gobiernos centrales han utilizado de manera generalizada las reformas al empleo y a las remuneraciones para reducir el gasto.

En las reformas al empleo se han utilizado distintos instrumentos, incluso la sustitución parcial o ninguna del personal que se jubila, se suspende la contratación, se subcontrata y se ajustan las remuneraciones; de manera señalada, se reducen las retribuciones de los funcionarios de alto rango y se congelan los sueldos. En promedio, las reformas han generado un aumento moderado de los niveles de estrés percibido y de intensidad del trabajo.

Pese a las reformas, el tamaño del empleo del sector público (no limitado al gobierno central) como una parte de la fuerza laboral sigue siendo relativamente estable, apenas por encima del 19% en 2013.

La participación de los interesados en las políticas regulatorias es generalizada, pero ocurre en una etapa muy tardía.

A través de la Recomendación sobre Prácticas y Políticas Regulatorias de la OCDE de 2012, los países de la OCDE se comprometieron con un enfoque de “gobierno entero” para dichas prácticas. Muchos han introducido requisitos formales, progresando en forma considerable al mejorar las prácticas regulatorias y la calidad, además de cumplir con algunas de las recomendaciones del Consejo de la OCDE.

Sin embargo, el grado en que los gobiernos llevan a cabo las evaluaciones de impacto regulatorio y las valoraciones a posteriori de los costos y beneficios, las ventajas y desventajas así como de las sinergias entre las regulaciones varía considerablemente.

Aún queda un margen considerable para aumentar la participación de los interesados en la reglamentazión. Generalmente se consulta a los ciudadanos, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, en una etapa tardía del proceso; a menudo cuando el proyecto legislativo se ha presentado al gobierno. Rara vez se les pide su opinión para que se aporte información para la evaluación del desempeño o para una mejor aplicación de los reglamentos; tampoco se les incluye de manera sistemática en las deliberaciones preliminares sobre la naturaleza del problema y las posibles soluciones.

Los esfuerzos de integridad pública están creciendo; pero persisten vacíos importantes.

Los países de la OCDE cada vez prestan más atención a los conflictos de interés, a diferencia del empleo posterior al servicio público, el empleo anterior al servicio público no está reglamentado en gran parte (por ejemplo, ex empleados del sector privado o cabilderos).

Los requisitos para que los funcionarios públicos con autoridad superior para tomar decisiones declareen intereses particulares han evolucionado más en la mayoría de los países de la OCDE, aunque el poder judicial y las áreas “en riesgo” —incluso los funcionarios de aduana y fiscales, los oficiales de adquisiciones y las autoridades financieras— muestran un nivel de declaración de intereses más bajo en comparación con los poderes ejecutivo y legislativo.

La influencia indebida que ejercen los intereses creados en los procesos de formulación de políticas es un riesgo constante por las lagunas existentes; por ejemplo, la representación desequilibrada de intereses en los grupos consultivos del gobierno y el movimiento de gente entre los órganos reguladores y los sujetos regulados (es decir, “puertas giratorias”).

Desde 2009, ha habido un aumento considerable en la aprobación de leyes de protección de denunciantes. Sin embargo, en la práctica la protección eficaz sigue siendo un desafío.

Los países están implementando buenas prácticas en materia de información gubernamental abierta.

La información gubernamental abierta empodera una nueva generación de ciudadanos, empresas y servidores públicos para crear valor socioeconómico y puede aumentar la transparencia del gobierno.

Según el nuevo índice OURdata (siglas en inglés de datos públicos, abiertos, útiles, reutilizables), los trabajos de datos abiertos fueron mayores en Corea, Francia, el Reino Unido, Australia, Canadá y España.

Aunque la mayoría de los países han hecho esfuerzos importantes para que los datos estén disponibles y puedan consultarse con facilidad, el grado en que los gobiernos apoyan de manera activa la reutilización de datos públicos varía (sobre todo con respecto a reutilizarlos en las administraciones públicas).

Los sistemas de reducción de impuestos de los gobiernos han disminuido considerablemente el aumento de desigualdades en los ingresos en el mercado; pero es necesario tomar medidas en lo referente a las desigualdades que no tienen que ver con los ingresos.

Las transferencias públicas y los pagos de transferencias son un instrumento eficaz para limitar los efectos de las crecientes desigualdades del mercado. En 2011, la redistribución del ingreso por parte de los gobiernos de los países de la OCDE redujo el coeficiente de Gini en más de 16 puntos porcentuales.

En algunos países, los recortes al gasto público han aumentado la proporción de los gastos que pagan directamente los ciudadanos para tener acceso a los servicios; lo que puede incrementar más las barreras financieras para la gente con bajos ingresos.

Un enfoque que privilegie a la ciudadanía para brindarles servicios, que se centre en las personas vulnerables (gente con bajos ingresos, inmigrantes, discapacitados, jóvenes, etcétera), y que explote plenamente el potencial de las nuevas tecnologías puede ofrecer oportunidades para proporcionar servicios más incluyentes y para obtener resultados.

Resumen de
OECD (2015), Government at a Glance 2015, OECD Publishing.
http://dx/doi.org/10.1787/gov_glance-2015-en

© OECD

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