La fiscalidad de las grandes empresas, y especialmente de las empresas multinacionales (EMN), ha sido una alta prioridad a nivel mundial durante una serie de años. La actualización de las normas fiscales internacionales para garantizar que los gobiernos estén en mejores condiciones para gravar a las EMN en la era de la globalización y la digitalización ha figurado en la agenda política internacional desde la crisis financiera mundial. Esta prioridad ha propiciado diversas reformas importantes, entre ellas la actualización en 2011 de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (OECD, 2011[1]), en las que se pide a las EMN que cumplan tanto la letra como el espíritu de las leyes y reglamentos en los que operan, las Acciones contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS) de la OCDE y el G-20 que se acordaron en 2015, y el acuerdo histórico alcanzado en octubre de 2021 respecto a la solución en dos pilares para abordar los retos fiscales de la digitalización de la economía, al que se sumaron 137 miembros del Marco Inclusivo sobre BEPS de la OCDE y el G-20 (en lo sucesivo, el Marco Inclusivo).