La elaboración de una constitución ofrece a un país una oportunidad excepcional para crear una visión compartida del futuro. Representa una oportunidad para sentar las bases de una democracia fuerte, la estabilidad del gobierno y la protección de los derechos fundamentales. El inicio del actual proceso de reforma constitucional en Chile contó con un notable apoyo ciudadano tras el resultado de un referéndum que tuvo lugar en octubre de 2020. Ese proceso ha colocado al Chile democrático en un nuevo y prometedor camino.

Las constituciones proporcionan el marco esencial que rige (y delimita) la vida política de una nación, protegiendo elementos cruciales de una democracia estable y próspera, como la separación de poderes y la protección de los derechos fundamentales. También reúnen los valores fundamentales, la identidad nacional y la visión colectiva del futuro de una determinada sociedad, y sientan las bases de la confianza de los ciudadanos en el gobierno. En el contexto del proceso de Chile hacia su nueva constitución, este informe reúne las lecciones derivadas de los marcos constitucionales de todos los miembros de la OCDE, ofreciendo una serie de opciones de diseño que servirán de fondo para las deliberaciones de la Convención Constitucional a lo largo de 2021-22.

Este capítulo introductorio presenta los aspectos más destacados de la relación entre Chile y la OCDE. Considera el papel de las constituciones en las democracias modernas y la importancia del proceso de redacción para fomentar la inclusión y el sentimiento de pertenencia hacia el texto. Por último, ofrece a los lectores una visión general de la estructura, la metodología y las definiciones utilizadas a lo largo de este informe.

Este capítulo proporciona un panorama general de varios aspectos de la constitución que los redactores constitucionales necesitarán considerar sin importar las elecciones institucionales que se tomen. Comienza resaltando los elementos clave generalmente regulados en las constituciones y como éstas son un instrumento de autoexpresión nacional. Continúa abordando los elementos del marco del gobierno, incluyendo su estructura territorial, (la cual se profundiza en el Capítulo 4) y los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). Concluye proporcionando generalidades de los mecanismos más comunes incluidos en constituciones de los países miembro de la OCDE para enmienda y estabilidad constitucional.

Este capítulo examina la inclusión constitucional de los derechos económicos, sociales y de nuevos tipos de derechos emergentes, basándose en la experiencia de los países de la OCDE. Tras exponer brevemente su prevalencia en las constituciones contemporáneas, las primeras secciones presentan los debates relativos a la conveniencia de su constitucionalización, la "fuerza" que debe concedérseles y el impacto de las diferencias entre los ideales constitucionales y la realidad. Se analizan determinados derechos económicos, sociales, culturales y nuevos, como la salud, la educación, el empleo, el medio ambiente, la intimidad y los derechos digitales, haciendo referencia a los modelos de constitucionalización existentes. Se señalan las cuestiones relativas a su accesibilidad y exigibilidad, así como la posible contribución de las comisiones de derechos humanos. Por último, se plantean algunas notas de precaución sobre la especificidad del lenguaje de los derechos, la realización progresiva y la deferencia a las ramas de poder electas.

Las constituciones establecen un marco de gobierno que permite la estabilidad, inclusión y cooperación entre los poderes de un país. El capítulo 4 extrae algunas lecciones prácticas para promover esos valores, ofreciendo una visión general de los sistemas presidencialistas, parlamentaristas y semi-presidencialistas, y comparando el marco institucional existente en determinadas democracias constitucionales de la OCDE. En particular, describe las principales configuraciones de gobernanza entre los poderes ejecutivo y legislativo. Explora cómo interactúan el ejecutivo y el legislativo, las pautas de separación de poderes entre ambos y cuáles son los resultados más probables del sistema político resultante de esas interacciones, con menciones a otros aspectos importantes como los sistemas electorales y de partidos. También destaca elementos sobre la participación directa de los ciudadanos.

En este capítulo se realiza un análisis comparativo de las disposiciones constitucionales sobre las responsabilidades del gobierno central y subnacional y su interacción, o "gobernanza multinivel", en determinados países de la OCDE. Su objetivo es identificar cómo los países han incluido en sus constituciones disposiciones relativas a la gobernanza multinivel y a la organización territorial, y destacar que éstas varían enormemente de unas constituciones a otras. En primer lugar, el capítulo presenta las diferentes categorías de gobernanza multinivel en los países seleccionados. En segundo lugar, presenta una comparación entre países en seis temas fundacionales y subtemas relacionados a través de los cuales se pueden determinar constitucionalmente las disposiciones de gobernanza multinivel y la organización territorial. Estos temas son la organización territorial, la estructura del gobierno subnacional, la división de poderes y responsabilidades, los mecanismos de financiamiento, el impacto en la toma de decisiones del estado central y los mecanismos de coordinación. Para ello, ofrece ejemplos concretos de cómo los países de referencia han incluido en sus constituciones disposiciones relativas a estos temas.

El Capítulo 6 trata las diversas formas de evaluar la constitucionalidad de las acciones y decisiones de los gobiernos, los parlamentos y otras autoridades, denominadas colectivamente revisión constitucional. Destaca que las constituciones suelen establecer disposiciones con este fin, incluyendo normas relativas a la cuestión de a quién debe confiarse la responsabilidad de interpretar y aplicar la constitución. El capítulo ofrece una visión general de las diferentes formas y modelos de revisión constitucional, y ofrece varias consideraciones para lograr un equilibrio adecuado entre los diferentes valores, incluyendo la protección de la democracia, la defensa del Estado de Derecho y la superioridad de la constitución, pero también el aislamiento de los tribunales de las influencias políticas, la protección de la representación de las minorías y los derechos humanos individuales.

Este capítulo describe cómo los países de la OCDE han incorporado cuestiones de gestión fiscal en sus constituciones, estudiando la regulación de áreas como el alcance y el calendario del presupuesto, las normas fiscales, los procedimientos legislativos y las instituciones fiscales independientes. Destaca cómo determinadas disposiciones pueden contribuir a garantizar la adhesión de los gobiernos a principios de alto nivel de prudencia, transparencia y responsabilidad financiera. Analiza los beneficios potenciales de consagrar estas cuestiones en términos constitucionales, tales como las normas inamovibles por las que el electorado puede pedir cuentas a los sucesivos gobiernos, la reducción de los costes de los préstamos al garantizar a los mercados financieros, los compromisos de sostenibilidad fiscal y un poder legislativo más informado para examinar la política fiscal. También evalúa los inconvenientes, en particular, el hecho de que pueden reducir la flexibilidad del gobierno para responder a acontecimientos inesperados y adaptar las normas a las nuevas prácticas.

Este capítulo destaca la importancia de los bancos centrales para garantizar la estabilidad de precios y contribuir así al desarrollo económico y a la estabilidad financiera. Ofrece una visión general de cómo puede institucionalizarse el banco central a través de la constitución. Muestra que el marco jurídico de los bancos centrales varía de un país a otro, dependiendo de la historia y los sistemas jurídicos, y que mientras que en algunos países la función y las responsabilidades del banco central se mencionan en la constitución, en la mayoría de países se regulan en detalle en la legislación primaria mediante una ley específica sobre el banco central. En este capítulo se subraya que, independientemente del marco jurídico y de las disposiciones específicas, la independencia del banco central requiere garantías jurídicas de autonomía operativa combinadas con requisitos de responsabilidad y transparencia.