La corrupción afecta de manera directa la percepción de la ciudadanía respecto al sistema político nacional y socava su confianza en los gobiernos y las instituciones públicas.

La corrupción en la administración pública y la captura de los procesos de toma de decisiones públicas son un riesgo para la estabilidad económica y política de cualquier país. Consiente de esta situación, el gobierno de Argentina ha implementado reformas que demuestran el compromiso continuo para combatir la corrupción. La ley de responsabilidad penal empresaria, la ley de acceso a la información pública o la ley del arrepentido son ejemplos de dicho progreso, a su vez, los casos de corrupción se detectan e investigan cada vez más. No obstante, Argentina podría promover una cultura de integridad que garantice un desarrollo sostenible e inclusivo y mayor resistencia a la corrupción, invirtiendo en mayor medida en abordar las debilidades estructurales subyacentes.

El presente capítulo analiza los actuales acuerdos institucionales vinculados a políticas de integridad con que cuenta Argentina. En particular, alienta a implementar la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública en todas las ramas del gobierno y propone cómo fortalecer el diálogo sobre políticas entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Considera que un Consejo Federal de Integridad podría promover, dentro de los mandatos constitucionales, el desarrollo de sistemas de integridad en las provincias, que sean coherentes con el nivel nacional, a la vez que se adapten a las diferentes realidades subnacionales. Asimismo, alienta la adopción de un enfoque estratégico hacia un Sistema Nacional de Integridad en el Poder Ejecutivo, mejorando la coordinación entre los actores clave. A su vez, el establecimiento de puntos de contacto de integridad en cada entidad pública podría fomentar la implementación de políticas de integridad. Una Estrategia Nacional de Integridad podría proveer objetivos estratégicos para el sistema de integridad y permitir su puesta en práctica en todos los niveles organizacionales. Por último, el capítulo presenta medidas para fortalecer la Oficina Anticorrupción, y en particular su función preventiva y rol como asesor de políticas.

El presente capítulo brinda recomendaciones sobre cómo Argentina podría establecer un sistema central de monitoreo y evaluación para sus políticas de integridad. Un sistema central de monitoreo para las políticas de integridad ayudaría a mantener un seguimiento de la implementación y facilitaría la comunicación informada con evidencia con las partes interesadas, internas y externas. A su vez, las políticas de integridad deberían ser evaluadas para construir conocimiento y permitir el aprendizaje. Además, las medidas de integridad innovadoras podrían ser examinadas rigurosamente a través de evaluaciones de impacto sobre casos piloto antes de su implementación a gran escala. Finalmente, el capítulo brinda lineamientos sobre cómo podría reunirse evidencia a través de encuestas al personal y a los ciudadanos a fin de informar sobre el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas de integridad.

El presente capítulo brinda un panorama general de las fortalezas y debilidades del marco institucional de ética pública en Argentina. En particular, recomienda abordar su actual fragmentación mediante la armonización de las distintas leyes y reglamentaciones, el desarrollo de un proceso claro para manejar los conflictos de interés, la actualización y mejora del Código de Ética y ampliar los esfuerzos para concientizar sobre integridad en el sector público. Asimismo, se requieren mayores esfuerzos para reforzar el mérito en el sector público y construir un entorno abierto y de confianza para alentar a los servidores públicos a que expresen sus inquietudes y denuncien la corrupción.

El presente capítulo identifica distintas maneras de fortalecer el sistema de declaraciones juradas de Argentina, mejorando los procesos de presentación, verificación y sanciones. Aunque el sistema argentino se caracteriza por un alto grado de madurez, podría cumplir de mejor manera sus objetivos de prevención de conflictos de intereses y detección de enriquecimiento ilícito, exigiendo mayor información sobre las fuentes de conflictos de intereses. Asimismo, la función de control por parte de las autoridades de aplicación actualmente se encuentra restringida por la falta de acceso a información clave. A su vez, una mejor función de búsqueda en línea permitiría someter las declaraciones a escrutinio de la sociedad civil.

El presente capítulo evalúa el marco de control interno y gestión de riesgos de Argentina respecto a los modelos y buenas prácticas internacionales de los países miembros o no miembros de la OCDE. Brinda un panorama de las ventajas y desventajas de este marco, así como propuestas para reforzarlo, como ser mediante la implementación de un enfoque estratégico de la gestión de riesgos que incorpore riesgos de integridad, estableciendo comités de control en todos los organismos públicos o reforzando las funciones y la independencia de la auditoría externa.

El presente capítulo evalúa el régimen disciplinario que rige para los servidores públicos del Poder Ejecutivo argentino, enfocándose en los deberes y las obligaciones relativas a la integridad. Analiza el marco legal y las responsabilidades institucionales, así como el uso de datos e información sobre el sistema disciplinario. Considera los esfuerzos realizados para mejorar la cooperación entre algunas de las instituciones que intervienen en los procesos disciplinarios -como la Procuración del Tesoro de la Nación, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la Sindicatura General de la Nación- y para mejorar la coordinación de las oficinas de sumarios. A la vez, enfatiza la necesidad de un marco legal e institucional más coherente a fin de prevenir la impunidad y respaldar la responsabilidad y la legitimidad del sistema de integridad argentino en su conjunto.

Este capítulo analiza la resiliencia de los procesos de toma de decisiones públicas en Argentina respecto al riesgo de captura de políticas públicas por parte de intereses particulares. En este sentido, podría promoverse mayor integridad y transparencia en las actividades de lobby, al extender el alcance de su marco a todos los poderes del gobierno, mejorar su percepción negativa mediante la participación de partes interesadas y garantizar que todos los actores involucrados deban rendir cuentas. A su vez, para permitir la rendición de cuentas de los representantes electos debe reducirse el alto grado de informalidad en el financiamiento político, junto con un incremento de la efectividad del control y de la aplicación de la ley. Además, deben realizarse esfuerzos para extender las reglamentaciones de financiamiento político al nivel provincial con el fin de hacer que el sistema de financiamiento sea más coherente. El éxito de estos objetivos también requiere el fortalecimiento e implementación de la nueva Ley de Acceso a la Información Pública y los mecanismos existentes para promover la participación de las partes interesadas en los poderes Legislativo y Ejecutivo.

El presente capítulo trata sobre los esfuerzos de Argentina por cultivar una cultura de integridad en toda la sociedad. Evalúa los temas de integridad a los que se enfrenta actualmente la sociedad argentina, tomando como punto de partida encuestas de opinión que describen el impacto de la corrupción en la sociedad. El capítulo a su vez enfatiza la necesidad de que la Oficina Anticorrupción cree conciencia de integridad en la sociedad a fin de promover una mayor apropiación por parte de los ciudadanos de la responsabilidad compartida en cuanto a promover los valores de integridad en la sociedad. Asimismo, el presente capítulo resalta la necesidad de proporcionar orientación para el sector privado en cuanto a la promoción de culturas de integridad en las empresas. Asimismo, identifica la necesidad de implementar en los planes de estudios de educación cívica existentes programas educativos para niños y jóvenes.

Con el objetivo de facilitar y promover el diálogo sobre políticas en Argentina, la siguiente tabla ofrece una visión general de las 197 acciones propuestas en los diferentes capítulos del Estudio de Integridad, identificando la(s) posible(s) unidad(es) responsable(s) y si las acciones podrían ser implementadas a corto, mediano o largo plazo, Para el caso de las medidas que requerirían cambios legislativos, no se puede atribuir una responsabilidad clara a una sola unidad y a su vez los resultados son inciertos. Sin embargo, tomando como punto de partida la Recomendación del Consejo de la OCDE, el gobierno podría comprometerse a promover un debate sobre cómo avanzar, o incluso proponer un proyecto de reforma. Cuando ha sido posible la tabla indica qué entidad gubernamental podría promover determinadas propuestas. Sin embargo, lo ideal sería que tales discusiones y propuestas de reformas legislativos fueran tema de la recomendada Comisión de Integridad y Transparencia.