Este capítulo analiza la resiliencia de los procesos de toma de decisiones públicas en Argentina respecto al riesgo de captura de políticas públicas por parte de intereses particulares. En este sentido, podría promoverse mayor integridad y transparencia en las actividades de lobby, al extender el alcance de su marco a todos los poderes del gobierno, mejorar su percepción negativa mediante la participación de partes interesadas y garantizar que todos los actores involucrados deban rendir cuentas. A su vez, para permitir la rendición de cuentas de los representantes electos debe reducirse el alto grado de informalidad en el financiamiento político, junto con un incremento de la efectividad del control y de la aplicación de la ley. Además, deben realizarse esfuerzos para extender las reglamentaciones de financiamiento político al nivel provincial con el fin de hacer que el sistema de financiamiento sea más coherente. El éxito de estos objetivos también requiere el fortalecimiento e implementación de la nueva Ley de Acceso a la Información Pública y los mecanismos existentes para promover la participación de las partes interesadas en los poderes Legislativo y Ejecutivo.