Los gobiernos adquieren cantidades importantes de bienes y servicios para implementar políticas y brindar servicios públicos. Este proceso implica el uso de fondos públicos para que los gobiernos y empresas estatales adquieran bienes, servicios y obras. Es crucial que los países den prioridad a la eficiencia, eficacia y rentabilidad en la contratación pública, ya que estos factores afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos.

La contratación pública es fundamental para el suministro de bienes, servicios y obras. Disponer de procedimientos transparentes e innovadores es clave para garantizar una contratación pública eficiente, inclusiva y rentable, así como para mitigar riesgos de corrupción y prácticas ineficientes. El uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en todas las fases de la contratación pública tiene varias ventajas, como aumentar la transparencia, facilitar el seguimiento y la evaluación del gasto en la contratación pública, mejorar el acceso digital a las licitaciones públicas, aumentar el alcance y la competencia, y permitir que las irregularidades se detecten más fácilmente (OCDE, 2020). El uso de las TIC puede también contribuir con el ahorro de dinero y tiempo al reducir las cargas administrativas y los posibles errores en las distintas fases del ciclo de contratación pública.

A medida que los procesos de contratación pública se vuelven más estratégicos para lograr los objetivos sociales y económicos de los gobiernos, se hace necesario que los profesionales del sector tengan aptitudes y competencias específicas. Por tanto, es conveniente que los gobiernos ofrezcan programas de capacitación y desarrollo a los funcionarios encargados de la contratación pública. De hecho, la mayoría de las ineficiencias en la contratación pública, tales como los retrasos y sobreprecios, están relacionados con las capacidades de los funcionarios de contratación. Estas ineficiencias causan pérdidas de alrededor de un promedio de 1.4% del PIB anual en la región de América Latina y el Caribe (ALC) (Muñoz Miranda et al., 2022). La profesionalización de los funcionarios de contratación pública se ha convertido en una de las principales prioridades de las reformas del sector. En su aspecto más básico, crear un entorno que permita dicha profesionalización significa cultivar valores y principios de un sistema de contratación pública justo y transparente (OCDE, 2023). Por consiguiente, el punto de partida de cualquier sistema de contratación pública debe ser tener un equipo de profesionales que valoren el bien público, el Estado de Derecho y la transparencia (Cruz y De Michele, 2022).

Además de ahorrar en costos y fomentar la eficiencia operativa, la contratación pública estratégica promueve objetivos sociales como sostenibilidad, inclusión, desarrollo comunitario y responsabilidad medioambiental. Estos objetivos se promueven mediante mecanismos para fomentar la innovación, el ofrecimiento de condiciones para la competencia en igualdad de condiciones para las pequeñas y medianas empresas (pymes), la priorización de las empresas que cumplen criterios de sostenibilidad medioambiental e igualdad de género, entre otros. Si bien el uso de la contratación pública como instrumento estratégico de políticas públicas no es un fenómeno reciente, su adopción por parte de las administraciones públicas de los países de América Latina y el Caribe (ALC) es cada vez más frecuente (Delgado et al., 2023). Dado que los gobiernos definen las reglas de los procesos de contratación, pueden también establecer reglas que consideren objetivos sociales durante las licitaciones, las adjudicaciones de ofertas o la evaluación de proyectos.

En los países de América Latina y el Caribe (ALC), en promedio el 17.4% del gasto público total se ejecuta a través de sistemas de contratación pública (véase 7.1 Tamaño de la contratación pública), lo cual muestra el rol clave que la contratación pública desempeña en las economías de la región. Por ello, es de suma importancia que los sistemas de contratación estén alineados y creen sinergias con otras áreas de gobernanza pública. Por ejemplo, es buena práctica garantizar que la gestión de las finanzas públicas (como el diseño del presupuesto y la asignación de recursos humanos) se integre en los procesos de contratación. Igualmente, las políticas de contratación pública deben incluir estrategias de gestión de riesgos para identificar los riesgos en los procesos y proyectos. Identificar los riesgos en etapas tempranas permite a los gobiernos estar preparados para responder adecuadamente en caso de que se materialicen. La necesidad de una gestión de riesgos fue evidente durante la crisis de la COVID-19, donde la demanda de bienes y servicios se incrementó y las cadenas de suministro se vieron interrumpidas. Esto condujo a los sistemas de contratación pública a adoptar medidas de contratación de emergencia, como la adjudicación directa y procedimientos de licitación acelerados, entre otras. Estos procesos de contratación son también relevantes para la contratación en infraestructura, dado el tamaño del gasto en el sector. Disponer de marcos de contratación pública para los contratos de infraestructura y mantener procedimientos bien definidos puede contribuir a reducir los riesgos de corrupción y las ineficiencias.