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Cooperación Regulatoria Internacional

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Los mecanismos y herramientas regulatorias domésticas están llegando a sus límites para hacer frente a los desafíos transfronterizos. La acción conjunta permite a los países navegar eficazmente el rápido crecimiento de la integración económica y la interdependencia, impulsadas especialmente por tecnologías innovadoras. Sin embargo, los marcos institucionales y los procesos regulatorios contemporáneos están sujetos a las jurisdicciones nacionales que limitan las soluciones comunes para hacer frente a la creciente naturaleza internacional de los desafíos de política pública. Tras las secuelas de crisis globales, como la crisis financiera de 2008 o la pandemia COVID-19, que expusieron las vulnerabilidades de los sistemas de salud, económicos y de gobernanza mundiales, es momento de un verdadero cambio de paradigma hacia una consideración más sistemática del entorno internacional en los marcos regulatorios domésticos. Los Principios de Mejores Prácticas de la OCDE sobre Cooperación Regulatoria Internacional proporcionan una guía práctica que ayuda a los responsables de la formulación de políticas públicas a adaptar los marcos regulatorios a una realidad interconectada. En ellos se describen los elementos clave para definir una estrategia y una estructura de gobernanza, incorporando consideraciones internacionales en todo el diseño, desarrollo y ejecución de la regulación, y aprovechando la cooperación internacional bilateral, regional y multilateral para respaldar los objetivos de las políticas nacionales. Al recopilar diversas formas de cooperación regulatoria internacional y experiencias de los países, estos principios orientan a los funcionarios públicos en distintos entornos legales y administrativos, a formas de promover la calidad y la resiliencia del marco regulatorio en tiempos de un mundo cada vez más interconectado.

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Antecedentes y contexto

La Cooperación Regulatoria Internacional (CRI) consiste en promover la interoperabilidad de los marcos legales y regulatorios. Las crisis mundiales nos recuerdan con claridad la importancia de contar con sistemas eficaces de CRI. La crisis financiera de 2008 reveló algunas de las deficiencias en la coordinación internacional de la regulación financiera y sus consecuencias para la estabilidad financiera mundial. Tras ella surgieron diferentes iniciativas de CRI, por ejemplo, en lo que respecta a la regulación y supervisión prudencial de los bancos a nivel mundial (OECD, 2013[1]) o el Marco de Políticas de la OCDE para una Regulación Financiera Eficaz y Eficiente, que fue especialmente importante para ayudar a la convergencia regulatoria en la era posterior a la Crisis Financiera Mundial (OECD, 2010[2]). Más recientemente, la crisis del COVID-19 ha reforzado la importancia de la CRI como elemento fundamental de la política regulatoria. Ha ilustrado la necesidad de una mayor coordinación de las leyes y los reglamentos para apoyar la disponibilidad transfronteriza de bienes de primera necesidad, como los suministros médicos y alimentarios, para promover el intercambio de trabajo, el aprendizaje mutuo y la centralización de los recursos entre los gobiernos para adaptar sus respuestas a la crisis y para mejorar la resiliencia de los marcos regulatorios frente a las perturbaciones.

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