Manual de la OCDE sobre Integridad Pública
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El Manual de la OCDE sobre Integridad Pública ofrece orientación a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil para la implementación de la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública. El Manual explicita que significan en la práctica los trece principios de la Recomendación e identifica los desafíos que implica su implementación. Proporciona orientación para mejorar la cooperación intergubernamental, así como entre los diferentes niveles de gobierno nacional y subnacionales. A su vez, el Manual detalla los elementos básicos de un sistema de gestión de recursos humanos basado en el mérito y los componentes clave de las culturas organizativas abiertas, teniendo como objetivo la creación de una cultura de integridad en el gobierno y la sociedad. También detalla el rol del gobierno de proporcionar orientación a las empresas, la sociedad civil y los ciudadanos sobre la defensa de los valores de integridad pública. Asimismo, el Manual expone cómo utilizar el proceso de gestión de riesgos para evaluar y gestionar los riesgos de integridad, y destaca cómo utilizar el sistema de sanción y aplicación de la ley para garantizar una verdadera rendición de cuentas respecto a las violaciones de la integridad.
Sociedad
El presente capítulo ofrece un comentario sobre el principio de sociedad incluido en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública, que describe cómo los gobiernos pueden asociarse con el sector privado, la sociedad civil y las personas para ayudar a promover una cultura de integridad. Se presta especial atención a la forma en que los gobiernos pueden apoyar a las empresas en la implementación de una conducta comercial responsable y de prácticas anti-cohecho para defender la integridad pública. Se presentan estrategias para asegurar que el entorno jurídico permita a las organizaciones de la sociedad civil aplicar prácticas de integridad en sus organizaciones. También se estudian las funciones de las campañas de concientización y los programas de educación cívica, enfatizando que las personas constituyen actores decisivos para apoyar la integridad pública. Además, el capítulo aborda el desafío que plantean normas sociales arraigadas que socavan la integridad pública y ofrece orientación a los gobiernos sobre cómo abordar estas cuestiones al involucrar a la sociedad en su conjunto.
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