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Luxembourg’s large foreign-born population is a pillar of the country’s prosperity: they have brought skills and knowledge to many sectors of the economy. They also tend to successfully find jobs, with a higher employment rate than natives. However, not all immigrants have done well. The minority from non-EU origin (about 10% of the country’s population) suffers from high unemployment, large gender gaps in activity and below-average incomes. Refugees are particularly vulnerable. Other integration shortcomings go beyond disadvantaged minorities. Pervasive labour market segmentation is well illustrated by the marked under-representation of the foreign-born in public sector jobs. Political participation of immigrants at local level is modest. At school, their children are often put at a disadvantage by an education system which tends to perpetuate socio-economic inequality.
The diversity of Luxembourg’s society contributed by immigrants should be seen as an asset for economic growth and well-being. Initiatives such as the diversity charter can help private and public organisations to reap the benefit of diversity through the inclusion of outsiders and the strengthening of social cohesion. Learning the languages of Luxembourg, developing social capital and having foreign qualifications validated are key preconditions for successful integration. Education requires both general equity-enhancing reforms, starting at early childhood, and targeted support to disadvantaged students, including upgraded vocational studies. Furthermore, job matching and social cohesion would benefit from greater immigrant participation in public sector employment and civic life. Avoiding that asylum seekers undergo protracted inactivity is also a concern.
This Working Paper relates to the 2017 OECD Economic Survey of Luxembourg (www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-luxembourg.htm).
Este informe presenta una exploración de las cinco principales tendencias en la innovación del sector público en Iberoamérica, centrándose en su potencial para mejorar la inclusión social. A medida que los gobiernos de la región se enfrentan a retos sistémicos - incluyendo desigualdades sociales persistentes y vulnerabilidades exacerbadas por crisis como la pandemia COVID-19 - la necesidad de soluciones innovadoras es urgente. Este estudio, realizado conjuntamente por la OCDE y la SEGIB, identifica las principales tendencias que reflejan el compromiso de los gobiernos de apalancar la innovación pública para promover la inclusión social y mejorar los servicios públicos. Estas tendencias incluyen (1) la ampliación de la cobertura de los servicios públicos a través de la digitalización, (2) el fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones de política pública, (3) la mejora de las competencias de los funcionarios públicos para el diseño de servicios centrados en las personas, (4) la promoción de un acceso más transparente y eficiente a la información pública, y (5) el fortalecimiento de la colaboración interinstitucional para mejorar la capacidad de respuesta de las políticas públicas.
La transformación digital afecta a todos los aspectos de nuestras vidas: proporciona nuevos espacios y herramientas para comunicar, trabajar, consumir y disfrutar de nuestros derechos. Ofrece numerosas oportunidades sociales y económicas, pero también comporta riesgos nuevos y complejos. Por lo tanto, un entorno en línea seguro y que dé mayor poder a los usuarios y dé prioridad a las personas es un objetivo fundamental de la era digital. A través de una familia ficticia que explora estas oportunidades y los riesgos, este documento analiza la forma en que la transformación digital nos afecta como individuos, ya sea en condición de ciudadanos, consumidores o trabajadores. Esboza el panorama de políticas públicas y describe los esfuerzos internacionales, de múltiples partes interesadas y repletos de matices que se necesitan para alcanzar un equilibrio entre los diferentes derechos, intereses y valores en juego. Como documento de referencia para la Conferencia ministerial de la Economía Digital de 2022, este documento sirve de apoyo a los responsables políticos para diseñar y lograr una transformación digital centrada en el ser humano.
Este documento ofrece una visión general de la organización de los servicios sociales en los países de la Unión Europea. Con especial atención a España y a los países con organización federal o semifederal, el documento comienza analizando los servicios sociales desde una perspectiva jurídica. Ofrece una perspectiva comparada de varios aspectos concretos de los servicios sociales: fuentes de financiación (nacionales, regionales, locales, etc.), organización de la prestación de servicios, gastos, recursos humanos, gobernanza y coordinación entre instituciones. El análisis concluye que, a pesar de las diferencias entre países, no existe ningún vínculo entre la existencia de una legislación nacional integral de servicios sociales y la amplitud de la oferta de servicios sociales. Las principales diferencias entre los países se refieren a los servicios familiares y los servicios de vivienda ya que ciertos países consideran la vivienda como un derecho. Existen grandes diferencias en la contribución de las administraciones centrales, regionales y locales al gasto social. Gastar más en servicios no implica necesariamente gastar menos en transferencias monetarias. De hecho, parece que los países nórdicos, que gastan más en servicios en proporción a su PIB, también gastan más en transferencias monetarias. Por último, el documento subraya el importante papel de la tecnología de la información y de los mecanismos de coordinación horizontal y vertical para mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios.
Questo rapporto analizza la dimensione territoriale della produttività nelle cooperative italiane, segmento che esprime una quota relativamente ampia dell’occupazione nazionale. Le cooperative assolvono a un’importante funzione anticiclica nella creazione di occupazione durante le crisi. Dopo la pandemia, potrebbero contribuire in misura significativa a un riorientamento dell’economia verso modelli maggiormente improntati all’inclusività e allo sviluppo sostenibile. In futuro, un rafforzamento dei livelli di produttività potrebbe favorire le cooperative nel perseguimento delle loro finalità di natura economica e sociale. Nell’analizzare la produttività nelle cooperative italiane, questo rapporto adotta un approccio incentrato sulla dimensione territoriale, date le loro numerose interdipendenze con le comunità locali. Le evidenze emerse mettono in luce i fattori locali maggiormente correlati alla prevalenza e alla produttività delle cooperative tra le regioni, i settori economici e nelle diverse classi dimensionali d’impresa. Un confronto con le imprese italiane non cooperative, così come con le imprese spagnole, cooperative e non, consente di osservare come i livelli di produttività varino a livello territoriale e tra diversi tipi di imprese osservati. Questo rapporto utilizza l’approccio analitico sviluppato dallo Spatial Productivity Lab dell’OCSE.
Als Antwort auf die COVID-19-Krise haben einige Steuerverwaltungen bereits innerstaatliche Leitlinien zu bestimmten Verrechnungspreisfolgen von COVID-19 veröffentlicht. Dies ist zwar ein wichtiger erster Schritt, um Erwartungen zu formulieren, Zusammenarbeit zu ermöglichen und für mehr Steuersicherheit zu sorgen; aufgrund der zweiseitigen Natur der Verrechnungspreise kann die Steuersicherheit in diesem Bereich jedoch nur mit einem gemeinsamen Ansatz erhöht werden. Dieses Dokument soll nun erläutern, wie der in den OECD-Verrechnungspreisleitlinien verankerte Fremdvergleichsgrundsatz auf die besonderen Sachverhalte und Herausforderungen anzuwenden ist, die sich aus der COVID-19-Pandemie ergeben. Dabei stehen vier Themen im Vordergrund: i) Vergleichbarkeitsanalyse, ii) Verluste und Aufteilung der COVID-19-spezifischen Kosten, iii) staatliche Hilfsprogramme und iv) Vorabverständigungen über die Verrechnungspreise (APA). Diese Leitlinien wurden von den 137 Mitgliedern des Inclusive Framework on BEPS von OECD und G20 erarbeitet und gebilligt. Einige Mitglieder des Inclusive Framework orientieren sich zwar am United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries (2017), in Fällen, in denen das VN-Handbuch ähnliche Analyse- und Lösungsansätze vorsieht wie die OECD-Verrechnungspreisleitlinien, dürften sie jedoch auch für sie hilfreich sein.
La "economía social" ha desempeñado un importante rol a la hora de abordar y mitigar los impactos a corto y largo plazo de la crisis de COVID-19 sobre la economía y la sociedad. A corto plazo, los agentes de la economía social han contribuido a la recuperación de la crisis aportando soluciones innovadoras destinadas a reforzar los servicios públicos como complemento de la acción gubernamental. A largo plazo, las organizaciones de economía social pueden contribuir a reconfigurar la economía posterior a la crisis promoviendo modelos económicos inclusivos y sostenibles. Apoyándose en décadas de experiencia, sus características específicas y sus principios subyacentes, la economía social puede inspirar modelos de innovación social y un sentido de propósito a las empresas que operan en la economía de mercado.
En una crisis sanitaria mundial sin precedentes, el comercio es una actividad esencial para salvar vidas y sostener los medios de subsistencia, y para que el comercio siga fluyendo, es crucial la cooperación internacional. Ante tal incertidumbre, cuatro son las medidas factibles: 1) aumentar la confianza en el comercio y los mercados mundiales; 2) mantener el flujo de las cadenas de suministro de productos imprescindibles como insumos de salud y alimentos; 3) evitar restricciones innecesarias a la exportación y otras barreras comerciales; y 4) incluso en plena crisis, pensar más allá de lo inmediato. El apoyo gubernamental de hoy debe prestarse de forma que sirva al interés público y no a intereses creados, y evitar futuras distorsiones del mercado de mañana. La OCDE apoya a los gobiernos mediante evidencia y análisis oportunos y objetivos que fundamenten las decisiones en materia de políticas públicas.
La crisis sanitaria y económica sin precedentes a la que se enfrentan los países en desarrollo agravará los problemas de desarrollo existentes. Aunque los gobiernos han empezado a responder, su capacidad es muy limitada. Los gobiernos de la OCDE y la comunidad internacional en general necesitan desbloquear un apoyo ambicioso, para evitar la pérdida de vidas, contener el riesgo de repercusiones e invertir en una recuperación sostenible. La respuesta internacional al COVID-19 debería no tener precedentes en términos de recursos movilizados, alcance y ambición. Esto debería conducir a un nuevo modelo de desarrollo que favorezca la resiliencia y la sostenibilidad.
Os riscos de segurança digital estão aumentando ao passo que atores mal-intencionados se aproveitam da epidemia do coronavírus (COVID-19). Indivíduos e empresas devem exercer cautela com comunicações relacionadas ao coronavírus e usar medidas apropriadas de "higiene" em relação à segurança digital. É essencial que os que os governos ampliem esforços de conscientização, monitorem o cenário de ameaças e publiquem diretrizes de fácil acesso para a higiene de segurança digital, em particular para grupos vulneráveis, como idosos e pequenas e médias empresas (PMEs).
Este documento de trabajo resume los principales hallazgos y recomendaciones del estudio piloto realizado en Costa Rica como parte del desarrollo del marco de medición del apoyo oficial total al desarrollo sostenible (TOSSD). El documento incluye los flujos estimados de TOSSD a Costa Rica. Estos flujos en 2016 fueron de 559 millones de dólares estadounidenses de financiamiento oficial para el desarrollo y 60 millones de dólares de financiación privada movilizada a través de intervenciones oficiales de desarrollo. Estos flujos se calcularon a partir de las estadísticas CAD de la OCDE. Sin embargo, es probable que las cifras estén subestimadas en gran medida debido a la falta de información disponible, en particular con respecto al apoyo oficial a Costa Rica por parte China y otros países proveedores que no pertenecen al CAD. El estudio piloto también indicó que el gobierno puede acceder, recopilar, analizar y usar datos sobre financiamiento externo para el país utilizando datos nacionales gracias a sus sistemas institucionales y de tecnologías de la información. Sin embargo, el marco legislativo requiere ajustes y puede mejorarse la coordinación con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos.
Il presente rapporto fornisce una valutazione indipendente e approfondita dell’impatto economico e sociale del quadro d’intervento italiano per le imprese startup innovative, noto anche come “Startup Act”, introdotto inizialmente dal Decreto-legge 179 del 2012. La policy mira a creare un ambiente più favorevole alle piccole startup innovative attraverso una serie di strumenti complementari, tra cui figurano una modalità di costituzione rapida e gratuita, una procedura di fallimento semplificata, incentivi fiscali per gli investimenti in equity e un sistema pubblico di garanzia per l’accesso al credito bancario. Sebbene il rapporto si concentri unicamente sull’Italia, lo “Startup Act” può essere considerato come un “laboratorio” di grande utilità per l’elaborazione di policy a sostegno dell’imprenditorialità innovativa in tutti i Paesi membri dell’OCSE. La valutazione sottolinea che l’impatto dello “Startup Act” sulle imprese beneficiarie è stato complessivamente positivo, ma che sono necessarie azioni complementari in altre aree di policy per realizzare appieno il potenziale delle startup innovative italiane.
Los países difieren en la manera que utilizan las calificaciones de los alumnos, pero tienden a recompensar el dominio de las habilidades y las actitudes que promueven el aprendizaje. Los profesores tienden a calificar con mejores notas a las chicas y a los estudiantes que se encuentran en una condición socioeconómica más favorecida a pesar de que no se hayan desempeñado mejor o tengan mejores actitudes que los chicos y estudiantes en una posición socioeconómica más desfavorecida. Aparentemente, las calificaciones no sólo miden el progreso de los estudiantes en la escuela, sino que indican las habilidades, comportamientos, hábitos y actitudes que son evaluados en la escuela.
Gli studenti che dichiarano che in classe ci sono pochi problemi di disciplina ottengono migliori risultati in PISA rispetto a quelli che dichiarano che la mancanza di disciplina in classe interferisce negativamente sull’apprendimento. Nel periodo che va dal 2000 al 2009, la disciplina è migliorata in molti dei paesi partecipanti a PISA, e la maggior parte degli studenti dei paesi OCSE può seguire le lezioni senza problemi disciplinari. Generalmente, nei paesi in cui la disciplina in classe, dal 2000 al 2009, è migliorata, gli studenti hanno giudicato in modo più positivo anche il loro rapporto con gli insegnanti.
Gli studenti quindicenni che hanno frequentato l’istruzione pre-primaria ottengono risultati migliori in PISA rispetto a quelli che non lo hanno fatto, anche tenendo conto del loro background socio-economico. Gli studenti svantaggiati hanno un minor accesso all’istruzione pre-primaria rispetto agli studenti avvantaggiati in quasi tutti i paesi, soprattutto in quelli in cui l’istruzione preprimaria non è largamente diffusa. I sistemi di istruzione equi e con elevati risultati sono anche quelli con minor disparità socio-economica nell’accesso all’istruzione pre-primaria.