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El progreso social y económico de Costa Rica ha sido notable. En los últimos 30 años, el crecimiento ha sido firme y el PIB per cápita se ha triplicado. Un fuerte compromiso con la apertura comercial ha sido clave para atraer inversión extranjera directa y progresar en la cadena de valor global. Costa Rica enfrenta desafíos sustanciales para conservar los éxitos logrados y continuar convergiendo hacia niveles de vida más altos. La situación fiscal sigue siendo una vulnerabilidad crítica. Los grandes déficits y el rápido aumento de la deuda pública amenazan los logros de Costa Rica. La reforma fiscal aprobada en diciembre de 2018 fue un paso histórico para restaurar la sostenibilidad fiscal. Impulsar el crecimiento también es una prioridad clave, ya que la brecha en el PIB per cápita con las economías avanzadas sigue siendo grande y el desempleo es alto. La desigualdad y la informalidad también siguen siendo altas. La pandemia de COVID-19 ha impactado significativamente a Costa Rica, con la desaceleración económica mundial y las medidas de contención necesarias lastrando las perspectivas de crecimiento y las cuentas fiscales. Responder con éxito a estos desafíos sustanciales dependerá de reforzar el marco fiscal e implementar reformas para fomentar el crecimiento inclusivo. Avances adicionales en los niveles de vida requerirán aumentar la productividad, estableciendo las condiciones adecuadas para que las empresas domésticas prosperen, y al mismo tiempo, mantener y reforzar el compromiso con la inversión extranjera directa y el comercio. Mantener el compromiso de preservar los recursos naturales y la biodiversidad, y con el plan de descarbonización, dará sus frutos en términos de crecimiento y empleo.
CAPÍTULOS ESPECIALES: REGULACIONES; INCLUSIÓN FINANCIERA
Este estudio se realizó a solicitud de las autoridades mexicanas para revisar la política de educación superior en México como una contribución al nuevo gobierno que tomaría posesión de la administración nacional a partir del 1 de diciembre de 2018. Dicha revisión, efectuada por la secretaría de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en cooperación con tres peritos internacionales, hace un balance del estado del sector de la educación superior en México así como de las políticas públicas clave implementadas por los gobiernos federal y estatales. Dicho balance reporta los avances en la materia desde la última revisión realizada por la propia OCDE en el año 2008.
La OCDE examina las estructuras administrativas nacionales y de cooperación para ofrecer guías al sistema de educación superior en aspectos como la relevancia de las estrategias nacionales existentes, el financiamiento público para las instituciones, la regulación y el aseguramiento externo de la calidad, la equidad social y la innovación de los modelos educativos. Las recomendaciones clave están relacionadas con necesidades como: determinar las responsabilidades sobre las políticas de educación superior y su gestión entre niveles de gobierno; desarrollar una interpretación más responsable de la autonomía universitaria; diseñar y aplicar mecanismos más transparentes y sostenibles del financiamiento público; fortalecer la regulación de la oferta educativa del sector privado al ampliar la cobertura del aseguramiento externo de la calidad en todo el sistema, así como mejorar las medidas públicas para apoyar la equidad (acceso y finalización exitosa). Con los resultados aquí expuestos se tiene el propósito de ofrecer información útil para el Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno y su Programa de Educación Sectorial correspondiente.
Este informe complementa además otro proyecto más específico titulado Educación superior en México. Resultados y relevancia para el mercado laboral.
El número de estudiantes de educación superior en México se duplicó en la década pasada y cada año más de medio millón de egresados de este nivel se incorporan al mercado laboral. Encontrar empleo adecuado es difícil y un gran número de jóvenes egresados universitarios trabajan en puestos para los cuales están sobrecalificados o consiguen empleos sin seguridad social ni cobertura de pensión. México no es el único país en esta situación. En muchas naciones de la OCDE, los resultados de la educación superior, menores a lo esperado, son una desilusión para los graduados y sus familias, quienes desearían obtener empleos de buena calidad y con buenos ingresos como respuesta a su inversión formativa. La baja rentabilidad es también una preocupación para los gobiernos, que gastan en el desarrollo de competencias para impulsar la productividad y la innovación a escalas nacional y regional. Para responder a estas inquietudes, la OCDE ha emprendido un análisis exhaustivo de los resultados y la relevancia de los sistemas de educación superior para el mercado laboral. El objetivo es ayudar a los países a mejorar las políticas públicas y las prácticas institucionales mediante un conocimiento más amplio de las capacidades y los obstáculos existentes, y las recomendaciones que ayuden a cerrar esas brechas. México fue una de las primeras naciones en sumarse a este ejercicio, junto con Noruega y Estados Unidos de América.
Colombia ha logrado importantes avances económicos y sociales en las últimas dos décadas. Las políticas macroeconómicas son sólidas y han conseguido un crecimiento sostenido y un suave ajuste a los shocks a lo largo de los años. El mantenimiento y fortalecimiento del marco de políticas es clave para la sostenibilidad de las políticas macroeconómicas y para sentar las bases de una mayor productividad e inclusión. Para que Colombia se embarque en la senda de un crecimiento más sólido e inclusivo y reduzca su dependencia de los recursos naturales, es necesario impulsar la productividad mediante la adopción de reformas estructurales en materia de competencia, regulación, política comercial, infraestructuras, innovación y habilidades. La reducción de la informalidad y el fomento del empleo de calidad harían extensivos a todos los colombianos los beneficios del crecimiento, respaldando el apoyo económico y político a las reformas.
CAPÍTULOS ESPECIALES: IMPULSAR LAS EXPORTACIONES Y LA INTEGRACIÓN EN LA ECONOMÍA MUNDIAL; FOMENTAR EMPLEOS DE CALIDAD PARA TODOS
Latvija ir mērojusi garu ceļu vides raksturlielumu un iedzīvotāju labklājības uzlabošanā. Liels investīciju apjoms ir palīdzējis palielināt atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, uzlabot mājokļu energoefektivitāti, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un paplašināt piekļuvi ūdens un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem. Tomēr Latvija vēl ir tālu no pietuvošanās attīstītākām ESAO ekonomikām. Mežsaimniecībai un lauksaimniecībai ir izšķiroša ekonomiskā nozīme, bet tās arvien vairāk apdraud bioloģisko daudzveidību. Bioloģiskās daudzveidības apsvērumu integrēšanai ekonomikas attīstības politikā jābūt prioritātei. Lai paātrinātu pāreju uz oglekļa mazietilpīgu un aprites ekonomiku, būs vajadzīgas lielas investīcijas ilgtspējīgā infrastruktūrā, būs jāpalielina atkritumu rašanās novēršana un pārstrāde, kā arī būs vajadzīgi spēcīgāki ekonomiskie instrumenti.
Šis ir pirmais Vides raksturlielumu pārskats par Latviju. Šī saīsinātā versija ietver kopsavilkumu, kā arī oficiālo pārskata novērtējumu un ieteikumus. Pārskatā novērtēts panāktais progress virzībā uz ilgtspējīgu attīstību un zaļo izaugsmi, īpašu uzmanību pievēršot atkritumiem, aprites ekonomikai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai.
Paraguay se ha fijado ambiciosos objetivos de desarrollo para 2030. Para lograrlos, tendrá que enfrentar dos grandes desafíos: reforzar las fuentes sostenibles de prosperidad económica y situar al país en una senda de desarrollo más inclusiva. Avanzar hacia una sociedad más inclusiva requerirá una agenda de reformas amplia y vigorosa. Primero, el sistema de salud del país requiere una reforma sistémica para ampliar su cobertura, reducir la vulnerabilidad de los paraguayos ante los riesgos en salud y aumentar la eficiencia en la provisión de servicios de salud. En segundo lugar, el sistema de protección social debe superar su fragmentación y ser más eficaz en la prestación de los servicios adecuados y las herramientas de gestión de riesgos a los ciudadanos de acuerdo con sus necesidades. En particular, el sistema de pensiones requiere reformas para aumentar su cobertura y ser más equitativo y más sostenible. Tercero, la calidad y la inclusividad del sistema de educación y capacitación deben fortalecerse para generar las habilidades que necesita la economía y brindar oportunidades a todos. Con base en el análisis y las recomendaciones realizadas en los Volúmenes 1 y 2 de este Estudio Multidimensional de País, este informe identifica áreas clave para la acción y presenta planes de acción específicos para iniciar la reforma. El informe también proporciona un cuadro de indicadores de monitoreo para respaldar la agenda de reforma en el país.
Colombia ha lanzado una reforma ambiciosa para mejorar su gestión de riesgos y aumentar la capacidad de recuperación ante los desastres. Este análisis de la OCDE sobre Gobernanza del Riesgo de Desastres revisa el progreso de Colombia en la implementación de las reformas teniendo en cuenta la Recomendación de la OCDE sobre la Gobernanza de Riesgos Críticos de 2014. El informe identifica los factores de éxito y las buenas prácticas en la implementación de la agenda de la reforma del riesgo de desastres, centrándose en las políticas del gobierno central y su implementación, y proporciona un conjunto de recomendaciones para fortalecer los esfuerzos de Colombia en el futuro.
Este estudio analiza las barreras regulatorias a la competencia en el sector del gas en México, con el objetivo de ayudar a las autoridades mexicanas a hacer que la regulación sea más pro-competitiva, fomentando así un crecimiento duradero. Este estudio se basa en una evaluación de las leyes y regulaciones en materia de competencia realizada por la OCDE que desarrolla recomendaciones para promover el funcionamiento competitivo y eficiente de los mercados bajo revisión. También incluye estimaciones de cómo la aplicación de determinadas recomendaciones podría afectar a la economía.
La Estrategia de Competencias de la OCDE proporciona un enfoque estratégico y amplio orientado a garantizar el progreso de las personas y los países en un mundo complejo, interconectado y cambiante. La Estrategia de Competencias de la OCDE actualizada en 2019 tiene en cuenta las lecciones aprendidas tras aplicar la estrategia de competencias original en once países desde 2012, e incorpora nuevos datos de la OCDE sobre el modo en que las competencias se ven afectadas por las megatendencias, esto es, por fenómenos como la globalización, la digitalización, el envejecimiento de la población y las migraciones. Asimismo, la Estrategia toma en consideración los nuevos conocimientos adquiridos en la OCDE sobre las políticas de competencias aplicadas en relación con estos tres componentes generales: desarrollar las competencias necesarias a lo largo de la vida, usar las, competencias de manera eficaz en el trabajo y en la sociedad y fortalecer la gobernanza de los sistemas de competencias.
El sólido marco de la política macroeconómica de México ha apoyado un crecimiento moderado a pesar de varios vientos en contra en los últimos años. Sin embargo, el bajo crecimiento de la productividad ha obstaculizado la convergencia de México con los países de mayores ingresos de la OCDE y las desigualdades siguen siendo elevadas. Se requiere así una estrategia renovada para aumentar la productividad y la inclusión. El aumento del crimen y de la inseguridad afectan negativamente la actividad económica y el bienestar de los ciudadanos, en particular de los desfavorecidos y las mujeres. Fortalecer la calidad institutional es una prioridad. Mejorar el débil estado de derecho también facilitará la implementación efectiva de iniciativas de políticas en otras áreas. A pesar de los logros recientes, los ingresos fiscales siguen siendo bajos y la política fiscal tiene poco impacto redistributivo. A corto plazo, la mejora de la eficiencia de la recaudación de impuestos y del gasto permitirá que la relación deuda-PIB se estabilice y proporcione cierto margen para un mayor gasto social y de infraestructura. En el mediano plazo, aumentar los ingresos fiscales y modificar la combinación de impuestos permitirá reducciones en la deuda pública, creará más espacio fiscal y permitirá aumentar la progresividad. La reducción de la elevada tasa de informalidad requerirá acciones coordinadas en materia de fortalecimiento del cumplimiento, política fiscal, regulaciones laborales y de las empresas, y de la red de protección social, con el objetivo de mejorar el alineamiento de los incentivos para formalizar e impulsar los recursos hacia empresas más productivas (formales). Mejorar los resultados educativos para todos aumentará la igualdad de oportunidades y permitirá construir las bases para una mayor productividad. Aumentar el acceso a la educación y la atención de la primera infancia de calidad también estimulará una mayor participación femenina en el mercado laboral. Mejorar la planificación urbana y el transporte elevaría el potencial de productividad de las ciudades y también la calidad del medio ambiente.
CAPÍTULOS ESPECIALES: FORTALECIENDO EL CRECIMIENTO INCLUYENTE
Durante muchas décadas, la economía Argentina se ha visto frenada por la debilidad de las políticas adoptadas y la productividad se ha estancado. A mediano plazo, las reformas recientemente iniciadas asi como reformas adicionales contribuirán a aumentar la prosperidad de todos los argentinos. Fortalecer la competencia reduciendo barreras de entrada a los mercados y reduciendo barreras al comercio internacional tiene un potencial particularmente prometedor. Barreras arancelarias elevadas han impedido una integración más fuerte en la economía global. Reducir esas barreras puede aumentar el poder de compra de los hogares, reducir los costos de los insumos para las empresas y empujar a las empresas en sectores protegidos de aumentar su productividad. Muchos empleos están actualmente atrapados en actividades con un limitado potencial de crecimiento de la productividad y de los salarios. Visto que la reasignación de puestos de trabajo puede causar pérdidas de ingresos a corto plazo, las políticas deberían facilitar la transición impulsando programas de formación y fortaleciendo la protección social. Las políticas sociales son efectivas para reducir la desigualdad. La pobreza continuó su descenso durante 2016 y 2017, hasta que una crisis severa empujó a la economía a una profunda recesión en 2018. Eso ha desplazado la atención inmediata de las políticas hacia el restablecimiento de la confianza y la corrección de importantes desequilibrios fiscales y externos. Ha sido necesaria la adopción de respuestas políticas rápidas y decisivas, que sentarán las bases para el retorno de la estabilidad macroeconómica y una recuperación económica, aunque persisten importantes riesgos.
CAPÍTULOS ESPECIALES: FOMENTAR LA INTEGRACIÓN EN LA ECONOMÍA GLOBAL
El Estudio de la OCDE sobre Integridad en Argentina evalúa los esfuerzos recientes para transformar las iniciativas aisladas del marco de integridad argentino en un sistema de integridad coherente y que abarque a la sociedad en su conjunto. Dicho estudio presenta propuestas de acción concretas parte de una estrategia de integridad que sustente las reformas actuales. Asimismo, provee algunas ideas sobre cómo operacionalizar un enfoque de administración de riesgos de corrupción y mejorar la función de auditoría en el gobierno. Finalmente, en el documento se evalúa el proceso de toma de decisiones y se brindan opciones para incrementar su transparencia e integridad, en miras a lograr políticas sujetas a rendición de cuentas y más equitativas.
Argentina se ha embarcado en una serie de reformas para mejorar la calidad de su marco regulatorio. Las regulaciones de alta calidad pueden proteger a los consumidores y al medio ambiente sin llegar a ser una carga para los ciudadanos y las empresas. El Estudion de la OCDE de Política Regulatoria en Argentina proporciona información sobre las políticas, instituciones y herramientas empleadas por el gobierno argentino para diseñar, implementar y hacer cumplir regulaciones de alta calidad. Estas incluyen políticas de simplificación administrativa, evaluación ex ante y ex post de las regulaciones, prácticas de consulta y participación y de partes interesadas y gobernanza regulatoria multinivel. El Estudio ofrece recomendaciones de políticas basadas en las mejores prácticas internacionales para fortalecer la capacidad del gobierno para administrar la política regulatoria.
Este estudio proporciona un análisis del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, los arreglos institucionales y para la coordinación, el marco regulatorio, las herramientas, los programas y los procesos necesarios para un enfoque estratégico hacia la integridad pública, con base en mejores prácticas internacionales y la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. Además, el estudio hace recomendaciones concretas para mejorar el diseño y la implementación del sistema, incluyendo el desarrollo de una cultura de integridad en el gobierno, el sector privado y la sociedad en general, la mejora del control interno y la gestión de riesgos y el perfeccionamiento de las políticas sobre contratación pública para asegurar valor por el dinero. Si se implementa efectivamente, el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México podría mejorar la gobernanza, disminuir la incidencia de la corrupción e incrementar la confianza ciudadana, así como también influir sobre la cultura de integridad en el país en general.
Este estudio analiza el sistema de integridad del Estado de Nuevo León y las reformas para desarrollar una cultura de integridad en su administración pública, en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción. El estudio presta especial atención a los mecanismos para bridar consejo y orientación oportuna a los funcionarios públicos cuando se confrontan con dilemas y cuestionamientos éticos. Además, analiza las fortalezas y debilidades del control interno y el marco para la gestión de riesgos y el grado en el cual las reformas a las políticas de integridad en Nuevo León promueven la participación de la sociedad en su conjunto, involucrando efectivamente a los ciudadanos y al sector privado. Finalmente, el estudio proporciona un plan de acción para apoyar estos esfuerzos, atender los retos actuales y facilitar un respaldo permanente a la construcción de un sistema sostenible de integridad pública.
Tras haber alcanzado un crecimiento económico sólido y una estabilidad macroeconómica considerable a lo largo de los últimos 15 años, Paraguay ha trazado el rumbo para llegar a ser un país no sólo más próspero, sino también más inclusivo en 2030. Para alcanzar su ambición de desarrollo, el país tendrá que superar varios obstáculos transversales que limitan el progreso hacia mejoras generalizadas del bienestar ciudadano, tal como lo resalta el Volumen 1 de este estudio. Para poner a Paraguay en una trayectoria de desarrollo más inclusiva, es necesario emprender una serie de acciones coordinadas para aumentar la capacidad redistributiva del Estado, mejorar la prestación de servicios públicos y para romper la persistencia intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. Este informe examina acciones y prioridades de política pública en tres áreas claves para hacer más inclusivo el desarrollo de Paraguay. Presenta un análisis detallado y una serie de recomendaciones para mejorar la efectividad de la protección social, la prestación de los servicios de salud, y la formación de competencias para todos los paraguayos.
La cooperación regulatoria internacional (CRI) representa una valiosa oportunidad para que los países, y en especial los órganos reguladores a nivel nacional, contemplen los efectos de sus acciones más allá de las fronteras nacionales, enriquezcan la base documental para la toma de decisiones, aprendan de la experiencia de sus pares y elaboren estrategias conjuntas para afrontar retos transfronterizos. En este informe se presenta la primera evaluación realizada por la OCDE sobre las prácticas de cooperación regulatoria internacional de un país. En muchos aspectos relacionados a las políticas, prácticas e instituciones nacionales de México resulta palpable su activa labor para aprovechar los frutos de la globalización. Por un lado, México ha hecho esfuerzos unilaterales para incluir consideraciones de carácter internacional en su regulación nacional, tanto a través de sus disciplinas de mejora regulatoria, como con la obligación legal de tomar en cuenta los estándares internacionales en el desarrollo de regulaciones técnicas. Por otro lado, el gobierno mexicano y los distintos reguladores también cooperan ampliamente en temas regulatorios de manera bilateral, regional y multilateral. A partir de un análisis de las políticas y prácticas existentes en materia de CRI y de su debida comparación con otros países de la OCDE, este informe identifica tres grandes áreas de mejora: la creación de una visión integral y estratégica de cooperación regulatoria internacional, la mejora de la base de información sobre las herramientas de CRI disponibles y sus beneficios, y el fortalecimiento de la puesta en marcha eficaz de las iniciativas de CRI.