Al firmar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), promulgada el 18 de julio de 2016, el Presidente Peña Nieto despejó el camino para uno de los pilares clave en la agenda de reforma de su administración y dio un gran paso adelante en el combate a la corrupción en México. La ley llevó a buen término una reforma constitucional que materializó al SNA como la norma suprema del país y señaló una postura decididamente más firme respecto a un problema que ha plagado al país durante demasiado tiempo.

El recién establecido Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de México, promulgado como ley el 18 de julio de 2016, tiene el potencial para convertirse en un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en el país. El paquete de leyes que conforman el Sistema - ocho en total - marca un parteaguas en el planteamiento en el país de las políticas de combate a la corrupción y pretende superar algunas de las deficiencias fundamentales del pasado, al: (i) atender la fragmentación de políticas y el desarrollo de un enfoque de integridad más completo y coherente; (ii) prevenir las notorias "brechas en la implementación" mejorando la coordinación dentro de, y entre, los niveles de gobierno y, en particular, ubicando a los Estados bajo el mandato del Sistema; (iii) fortalecer los mecanismos de cumplimiento para investigar y sancionar infracciones a la integridad por parte de servidores públicos y empresas, bajo jurisdicciones tanto administrativas como penales; y (iv) reforzar la supervisión mediante una mayor transparencia, atribuciones de auditoría ampliadas y una mayor participación de la sociedad civil.

Las recientes reformas anticorrupción de México, si se implementan de manera efectiva, pueden contribuir a abordar muchos de los desafíos sociales y económicos clave que enfrenta el país. De hecho, la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas están relacionadas con un mejor desempeño económico y gubernamental y con mayor bienestar y prosperidad para la sociedad. El siguiente capítulo destaca esta relación con el fin de subrayar la oportunidad y relevancia del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y las reformas asociadas para lograr estos importantes objetivos en México. Analiza, por ejemplo, cómo las reformas pueden crear confianza en el gobierno para apoyar su ambiciosa agenda de política pública, facilitar una economía más incluyente y productiva y abordar el desafío de seguridad que enfrenta México. Concluye con una descripción del marco analítico del Estudio de Integridad, el cual constituye la base de las principales conclusiones y recomendaciones de la OCDE.

Este capítulo examina la coherencia y el carácter integral del sistema, en evolución, de integridad pública de México. De conformidad con los principios de la Recomendación de la OCDE 2017 sobre Integridad Pública, se examinan las disposiciones institucionales recién reformadas para sistemas locales y nacionales anticorrupción, con el fin de fortalecer la coordinación y apoyar la implementación de las iniciativas del Plan de Acción a nivel nacional y subnacional. El capítulo también aporta recomendaciones de respaldo a la implementación, a través de un monitoreo más firme y un desarrollo de capacidades más sólido. Finalmente, se discute la medida en la que han sido incluidos los actores no gubernamentales. El capítulo considera que, con el marco legal e institucional general ya en marcha, el catalizador clave, en adelante, será la puesta en práctica de las numerosas políticas, directrices y herramientas necesarias para dar vida a los Sistemas nacionales y locales, a modo de llevar a buen término resultados reales. De este modo, los Sistemas podrían quedar mejor integrados en todo el gobierno, beneficiándose de la inclusión de más actores para llegar a grupos de interés como el sector privado, y estar mejor respaldados por el personal directivo y por recursos que garanticen una implementación eficaz.

Mientras que un enfoque basado en reglas es fundamento necesario de todo sistema de integridad del sector público, este aspecto por sí mismo es insuficiente, dado que los valores de integridad deben ser internalizados por las personas, y socializados en los organismos, creando finalmente una "cultura de la integridad" en el gobierno. Este es un cambio importante, que debe ocurrir en México si las nuevas reformas han de tener éxito. Este capítulo presenta un resumen de propuestas de mejora, basadas en el análisis de las actuales políticas mexicanas de promoción de ética y de manejo de situaciones de conflicto de intereses en la administración pública. La primera sección presenta recomendaciones para fortalecer el marco normativo actualmente implementado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), es decir, el Código de Ética, los Códigos de Conducta a nivel organizacional, las Normas de Integridad y las Normas de Conflictos de Interés. La segunda sección desarrolla propuestas para maximizar la utilidad de las declaraciones y asegurar la coherencia entre secretarías y organismos competentes en la verificación y auditoría de las declaraciones presentadas. La tercera sección examina la mejor incorporación de las nuevas políticas en la administración en su conjunto, y, concretamente, en la gestión de Recursos Humanos (RH). En la sección final, se reflexiona sobre cómo México podría lograr la transición hacia una cultura de integridad, reforzando las directrices de resolución de situaciones de dilemas éticos y de conflictos de interés. A lo largo de este capítulo, se hace énfasis en la administración federal, en el entendido de que, como miembros del SNA, los Sistemas Locales de Integridad harán lo propio a nivel estatal y local. Por lo tanto, muchas de las recomendaciones son aplicables más allá del nivel federal.

El impulso motor detrás del Sistema Nacional Anticorrupción de México ha sido el fortalecimiento de la resiliencia de las instituciones públicas y de los funcionarios ante la corrupción. Sin embargo, cuando ocurren violaciones de la integridad entre ciudadanos y empresas, y cuando la sociedad muestra un alto nivel de tolerancia hacia la corrupción, el impacto de leyes estrictas y de disposiciones institucionales bien diseñadas puede ser limitado. El Gobierno, por sí solo, no puede erradicar la corrupción; la participación activa de la sociedad en su conjunto, en la promoción y adopción de las normas sociales para la integridad, es crucial para prevenir eficazmente la corrupción. Los ciudadanos y las empresas deben esperar integridad no sólo de su gobierno e instituciones, sino también entre sí. Para dar sólo un ejemplo, así como el gobierno no debe solicitar o aceptar sobornos, ni los ciudadanos ni las empresas deben aceptar pagarlos. El capítulo inicia explorando los niveles de integridad en la sociedad mexicana, de acuerdo a los datos disponibles para determinados sectores, y presenta recomendaciones para promover las normas sociales de integridad, sensibilizando, desarrollando capacidades y suscitando cambios en el comportamiento. La segunda sección del capítulo describe la manera de inculcar normas de integridad y valores en los jóvenes, y detalla propuestas para incluir educación, sobre integridad y combate a la corrupción, en el plan de estudios en primarias y secundarias. Adicionalmente, destaca la necesidad de capacitar a los profesores para que cumplan con eficacia los planes de estudios.

Los marcos de integridad del sector público objetivo eficaces tienen por objetivo incentivar a los denunciantes a revelar irregularidades, mediante un apoyo visible y un refuerzo positivo de la jerarquía organizacional, una clara orientación sobre los procedimientos de denuncia y una protección jurídica eficaz contra represalias. Tales medidas son consideradas como fundamentales para detectar irregularidades eficazmente, salvaguardar el interés público y promover una cultura de integridad en el sector público. México acaba de aprobar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fortalecerá la protección del denunciante cuando entre en vigor en julio de 2017. Este capítulo evaluará el nueva marco de denuncia en México, examinando si el denunciante está protegido contra todo tipo de represalias, si la denuncia de irregularidades se maneja con eficacia, si funcionarios y público son conscientes del papel crítico que los denunciantes desempeñan en salvaguardar el interés público, y si se han implementado medidas apropiadas para monitorear la efectividad del marco de denuncia, sobre una base continua.

Los organismos del sector público deben asegurar que sus "líneas de defensa" contra el fraude y la corrupción sean fuertes y basadas en (i) administración de riesgos, (ii) controles internos y (iii) actividades de aseguramiento independientes (auditoría interna) sólidos. Este enfoque integral permite a los organismos enfrentar la posibilidad de corrupción de forma preventiva, detectar violaciones de la integridad en el momento en que se produzcan, así como monitorear, y mejorar, continuamente los controles, con el transcurso del tiempo, y adaptarse más rápidamente a los cambios de contextos y riesgos. Así, este capítulo se centra en los tres elementos fundamentales de la administración pública federal de México: la primera sección evalúa el procedimiento de administración de riesgos de la Secretaría de la Función Pública (la Administración de Riesgos institucionales, mejor conocida como ARI); la segunda sección examina el ambiente de control interno y procedimientos puestos en marcha por el gobierno federal y las secretarías; y la tercera sección destaca la importancia de una función de auditoría interna independiente, consultando con altos directivos y brindando certeza sobre la eficacia y eficiencia del control interno y las modalidades de administración de riesgos al interior de los organismos públicos.

Los marcos de integridad del sector público, eficaces e integrales, no sólo son pilares para definir, apoyar y supervisar la integridad, sino que también lo son para el cumplimiento de las reglas y normas de integridad. Este capítulo evalúa el papel del régimen disciplinario administrativo de México, como un mecanismo clave para hacer cumplir la integridad. Examina las fortalezas y debilidades del sistema nacional de sanciones administrativas en el país, comparándolas con países miembros y socios de la OCDE. Las recomendaciones son presentadas para su consideración, con el fin de mejorar la eficacia global al evitar vacíos e inconsistencias entre los regímenes y las instituciones en la implementación, fortalecer la coordinación y capacidades entre instituciones, incrementar la vigilancia y transparencia, para permitir un mejor control y evitar influencias indebidas sobre decisiones de sanción.

De conformidad con la recomendación del Consejo sobre Contratación Pública de la OCDE, el presente capítulo evalúa si México ha desarrollado normas generales efectivas para los procedimientos de contratación pública, y si ha implementado salvaguardas específicas de contratación, con el fin de preservar la integridad en la contratación pública. Específicamente, el capítulo analiza iniciativas recientemente desarrolladas, tales como el protocolo de conducta para servidores públicos en la contratación pública y el Registro de Funcionarios de Contratación Pública. También describe el sistema de quejas y sanciones para impugnar las decisiones de contratación y denunciar casos de posible corrupción. El capítulo también analiza los niveles de transparencia de los procesos de contratación pública y la aplicación de soluciones de contratación electrónica. Por último, el capítulo evalúa cómo partes interesadas externas, tales como representantes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil, participan en el sistema de contratación pública a fin de aumentar su transparencia e integridad.

Con el fin de avanzar en la puesta en marcha de las recomendaciones propuestas por la OCDE en el Estudio de Integridad, la OCDE y la Secretaría de la Función Pública (SFP) de México han convenido conjuntamente en un Plan de Acción, con cuatro temas centrales como prioridades inmediatas...